TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se pretende discutir y aprobar en enero en el Congreso Nacional como parte de las reformas electorales podría tener entre tres y cinco magistrados, según los intereses que se juegan entre las principales fuerzas políticas.
El último resultado electoral obtenido por los institutos políticos que tienen mayor representación en el Congreso Nacional será determinante para tener un miembro propietario en el órgano rector de los procesos electorales, según las fuentes consultadas por EL HERALDO.
De esta forma, tienen asegurado un representante los partidos Nacional, Liberal (que seguramente saldrá de la propuesta que haga la corriente que controla Elvin Santos) y el partido Libertad y Refundación (Libre), que tiene 30 diputados.
Si las partes se ponen de acuerdo podría surgir un representante de la Corte Suprema de Justicia y otro de la Sociedad Civil, pero está supeditado al éxito de las negociaciones porque el Partido Nacional querrá tener magistrados afines para tener mayoría en el TSE.
Según las propuestas que manejan los diferentes sectores representados en el Congreso, el TSE se dividiría en dos instituciones: una que se encargue del montaje de las elecciones y otro que imparta justicia electoral.
Sin embargo, hay entendidos en la materia que consideran que este sistema funciona solo en países con un elevado caudal electoral, especialmente en los estados federales.
Las mesas receptoras
Una vez hecha la reforma constitucional sobre la nueva estructura del TSE deberán las partes ponerse de acuerdo sobre la conformación de las mesas electorales receptoras, que son la parte más débil de los torneos cívicos por el alto grado de vulnerabilidad que tienen en materia de transparencia.
Las mesas son las que coordinan las elecciones, hacen el escrutinio y elaboran el acta original de cierre, documento que es escaneado y enviado al sistema informático del TSE y que sirve de base a este ente para preparar el escrutinio general y declarar al ganador del proceso.
Por tener un representante por cada partido, los delegados muchas veces son influenciados por los caudillos o caciques (candidatos a diputados o alcaldes) para manipular las actas y por eso se detectan miles de inconsistencias en el proceso.
En las elecciones generales de 2013 se detectaron más de tres mil inconsistencias y en las de 2017 más de cinco mil que fueron sometidas a un escrutinio especial en las bodegas del Infop en la capital.
