Tegucigalpa, Honduras
La investigaciones que realizan las autoridades para desmantelar las redes de extorsión en el país abarcan, incluso, a jueces.
Desde que la Operación Avalancha desmanteló la semanas pasada una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13) que se dedicaba a la extorsión, los agentes ampliaron las pesquisas a medida que la información surgía de los operativos.
Una fuente de Inteligencia confió a EL HERALDO que, producto de las indagaciones, se sospecha que cuatro jueces estarían coludidos con las bandas de extorsión, principalmente con la MS-13.
Los facinerosos han demostrado desde el pasado su habilidad para infiltrarse en las estructuras del Estado para corromperlas y que estén a sus servicios, como por ejemplo el sistema judicial.
Los impartidores de justicia bajo investigación habrían recibido dinero de los mareros a cambio de favores judiciales para ellos, sus familiares o sus allegados.
La fuente, que pidió el anonimato, indicó que los cuatro operadores de justicia investigados son de la zona norte de Honduras.
“Este sistema del corredor atlántico es delicado”, dijo el consultado. “Por eso, la investigación se concentra en esa zona, pero sin descuidar Tegucigalpa” porque en esta área también hay indicios de anomalías cometidas por impartidores de justicia detalló.
No habrá protegidos
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), Rolando Argueta, manifestó que no se está en la disposición de proteger a ningún servidor judicial, juez o magistrado que tiene indicios de responsabilidad penal.
“Nosotros podemos encargarnos de colaborar con las autoridades con el propósito de que a estas personas, en el caso de que existan, se les deduzcan las responsabilidades penales”, dijo el funcionario.
La CSJ también podría tomar sanciones administrativas contra los impartidores de justicia que se sospeche o se vean coludidos con delincuentes, dijo Argueta.
Esta relación entre jueces y pandilleros no es nueva.
Actualmente el Ministerio Público mantiene tres procesos contra la exjueza penal con jurisdicción nacional Wendy Caballero por recibir dinero de un líder de la MS-13 y un narcotraficante en la ciudad industrial del país.
En diciembre pasado, Caballero fue encontrada culpable por el delito de cohecho, al recibir 39 mil dólares y un automóvil para que el cabecilla de la mara pudiera defenderse desde la comodidad de su hogar a través de un arresto domiciliario.
La prueba más fuerte que presentó la Fiscalía contra Caballero y los imputados fueron las 38 escuchas de las intervenciones telefónicas, donde se probaron las negociaciones que realizaron los funcionarios judiciales con los apoderados legales del acusado para que se dictara el arresto domiciliario.
Otras implicados
El presidente Juan Orlando Hernández advirtió la semana pasada que procesarán judicialmente a más operadores de justicia.
En ese sentido, la fuente acotó que también existen fiscales investigados por supuestos nexos con las pandillas que cobran el “impuesto de guerra”.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, por su lado manifestó recientemente que las acciones de la Operación Avalancha “no harán discriminación de gremios”, en referencia al tipo de profesión que tengan las personas a las que se procese.
¿Fiscales serán acusados? , se le preguntó al informante, y este respondió que “puede ser” porque “van a haber sorpresas”.
Pero aclaró que la información sobre los operativos se mantendrá en secretividad.
La Operación Avalancha inició el martes pasado con la aseguramiento de 102 propiedades y otros bienes que, según las investigaciones, fueron compradas con dinero de la extorsión.
La incautación incluye, además, 30 cuentas bancarias, entre las que hay cuatro que tienen saldos de cuatro millones de lempiras.
Los operativos han sido realizados por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), que pertenecen al Ministerio Público, así como de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras.
También se acusó por varios delitos a 15 personas, de las que 12 fueron arrestadas y se les dictó auto de formal procesamiento por asociación ilícita.
Algunos de los acusados también están procesados por asesinatos.
No obstante, a ninguno de estos 12 se les imputó el delito de extorsión.
Una fuente del Ministerio Público confió a EL HERALDO que de momento no han ampliado el requerimiento fiscal por extorsión contra estos 12 sospechosos porque los ofendidos tienen miedo a declarar.
Entre los acusados se encuentra el alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Neftaly Romero, y un excomisario de la Policía Nacional, Álvaro García. A este último se le acusó, además, de lavado de activos y uso indebido de armas comerciales y policiales, entre otros delitos.
