Tegucigalpa, Honduras
“La violencia y la delincuencia persisten en Honduras debido a un complejo conjunto de factores históricos y contextuales”.
Eso se establece en el informe anual 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual se dio a conocer ayer.
El documento, que consta de ocho mil palabras, da a conocer que “la debilidad de las instituciones y la deficiente coordinación entre los organismos responsables de la lucha contra la delincuencia, así como la baja capacidad técnica, contribuyen a un entorno propicio a la proliferación de redes criminales nacionales y transnacionales”.
Sin embargo, María Soledad Pazo, representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, dijo que “datos oficiales e independientes muestran que la tasa de homicidios ha descendido en un 30 por ciento desde 2011”.
La representación de la ONU reconoce, además, los esfuerzos hondureños por la transparencia a través de la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la modificación de la Ley sobre la Organización de la Judicatura para la creación de una jurisdicción especializada encargada de la extorsión y la corrupción.
Sostiene que la inseguridad sigue siendo motivo de gran preocupación. Además de una tasa de homicidios, que aún es alta, los hondureños se enfrentan a altos niveles de delincuencia contra la integridad física y la propiedad, señala.
En cuanto a la estrategia de seguridad, se establece que el gobierno se ha centrado en las Fuerzas Armadas, lo que ha dado como resultado un notable incremento de la presencia militar.
El Alto Comisionado ha indicado que el despliegue de fuerzas militares para realizar funciones de seguridad ciudadana debe hacerse solamente en circunstancias excepcionales, ser limitado en el tiempo y estar bajo un control civil estricto.
