El caos en el sistema educativo es originado por los intereses económicos de una dirigencia magisterial que suma alrededor de 500 profesores, reveló en un informe el ministro de Educación, Marlon Escoto.
La investigación, dada a conocer ante el presidente Porfirio Lobo, en Consejo de Ministros, establece que la gran mayoría de este grupo de educadores goza de los beneficios al estimar que el 90 por ciento del magisterio recibe un salario que oscila entre 10 y 12 mil lempiras a diferencia de quienes forman parte de las estructuras de los colegios magisteriales, que ganan más de 30 mil lempiras al mes.
Escoto aseguró que este privilegiado grupo de maestros es el más interesado en mantener la crisis y el caos en el sistema educativo porque les beneficia y les permite mantener el control de las estructuras al interior de la Secretaría de Educación.
El funcionario ejemplificó que cuando a un maestro no se le paga su salario o bien cuando se le paga en la fecha establecida, este recurre a tramitar un préstamo al interior de las organizaciones magisteriales a una tasa de interés del 11 por ciento, un porcentaje, dijo, que incluso ya ofrecen algunas agencias bancarias del sector privado.
“No le están haciendo ningún favor porque le están prestando dinero y además le está cobrando una tasa de interés que es parecida a la tasa bancaria privada... La falta de pago supuesta o la no entrega día a día también genera un negocio al interior, por eso cuando vayamos destramando los intereses económicos que están detrás de la crisis, nos vamos a dar cuenta”, advirtió.
El titular de Educación reveló que casi la mitad del magisterio está en la Central de Riesgos por las deudas que mantienen con las organizaciones magisteriales y la banca privada y sostuvo que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) podría comprar la deuda de los profesores para “darles un poquito de oxígeno y quitarles el negocio a usureros de sus mismos compañeros”. Escoto aseguró que actualmente el Inprema mantiene 20 mil millones de lempiras en la banca privada.
En la exposición el funcionario explicó que “una planilla de pago tarda 6 días prepararla en Educación, 3 días es para aplicar deducciones, porque la planilla normal solo tiene una variación de un 5 por ciento, se deduce el Seguro Social, se deduce el Inprema y la cuota obligatoria que tienen los profesores con sus colegios magisteriales, algunos están colegiados en 3 instituciones simultáneamente”.
Durante la elaboración de las planillas, incluso, se aplican deducciones de los propios negocios de los dirigentes magisteriales y otras deducciones por concepto de préstamos, hipotecas y seguros que retrasan la formulación de las mismas.
“El Estado les procesa su negocio y si llega tarde tiene un paro, entonces esta decisión de retirar todo ese tipo de deducciones la vamos a aplicar a partir del próximo mes, debemos evidenciar que el mayor interés en el caos en educación es estrictamente económico, ni siquiera ideológico, como algunos lo han querido orillar, es un tema estrictamente económico que se ha montado sobre una estructura de mal proceder”, aseveró Escoto.
Clases
El secretario de Educación reafirmó que el año escolar se extenderá hasta el 21 de diciembre y advirtió que quienes incumplan esta disposición se exponen a ser sancionados y hasta destituidos de sus cargos dentro del sistema educativo.
El ministro afirmó que se ha diseñado al interior de la Secretaría de Educación un mecanismo que permite monitorear alrededor de 5,000 docentes por día en sus centros educativos, el cual se ha implementado en los meses de agosto, septiembre y lo que va de octubre.
Escoto informó que unos 300 maestros que no asistieron a laborar tres días consecutivos durante el mes de agosto serán sometidos a audiencias de descargo ya que, según la ley, la inasistencia a sus centros de trabajo por tres días consecutivos es causal de despido.
“Hay 300 profesores que faltaron 3 días seguidos en agosto, ellos no asistieron a laborar y serán llamados a audiencias de descargo para evidenciar qué fue lo que sucedió”. Sobre el particular, el presidente Porfirio Lobo manifestó que el gobierno está dispuesto a dialogar con el magisterio de manera abierta, siempre y cuando exista el compromiso de que las aulas de clase no se cierren jamás.
“Estoy dispuesto a dialogar, está el canal 8, el canal del Estado, pero les digo, quieren dialogar para que arreglemos los problemas de los 60 mil maestros, hay cuatro o cinco que en realidad participan en no asistir a impartir clases, a estos maestros que no sé cómo llamarles, para no estigmatizarlos a todos y diferenciarlos de la mayoría que cumplen con su deber”, expresó.
Lobo aseveró que de parte del Poder Ejecutivo existe la disposición de discutir los temas en una agenda definida entre ambos sectores, pero “si el problema es entre los que se sienten afectados y el gobierno, no debemos de meter a los niños que paguen en ese pleito, entonces hagamos un trato para que las aulas de clase no se cierren jamás, con esto no estoy diciendo de que un maestro no vaya un día, pero que la aula esté abierta, y lo suplante otro mentor, y dejar afuera de ese problema a los niños y niñas “.
“Quieren que nos enfrentemos, quieren que dialoguemos, quieren que debatamos, lo hacemos, pero por favor dejen a los niños fuera del pleito, porque esto me suena como que alguien quiere agarrar de rehén a una persona, eso no puede ser, los niños son víctimas inocentes de un problema entre el gobierno y el magisterio, la condición que ponemos es que cualquier problemática sea dirimida entre ambos sectores, excluyendo a los niños, previo a un diálogo”, dijo Lobo.
El titular del Ejecutivo reiteró que “nadie está negando el derecho a nadie del grupo de maestros que deciden participar en manifestaciones, lo que sí estamos parados nosotros es que ejercer un derecho no debe estar en perjuicio de perjudicar la educación de los niños”.
“Miren, yo les he dicho, si el pleito es con el gobierno, que peleen con el gobierno, pero por qué van a sacrificar a los niños, las aulas de clase deben de estar siempre abiertas, para eso están los fines de semana, las horas fuera de clase, pero no tiene ninguna lógica y ni es justo y es violatorio al derecho de los niños el expresar un derecho constitucional en perjuicio de otros”, apuntó.
