Colón, Honduras.- Los pobladores (ganaderos, comerciantes y fuerzas vivas del sector) del departamento de Colón se tomarán siete puntos de la carretera CA-13 porque quieren que se les permita portar armas.
Desde 2012 están bajo la ordenanza del decreto 117-2012, que prohíbe la portación de armas de fuego en la región, implementado para reducir la violencia. Ahora, advierten que no dejarán que nadie entre ni salga de ese departamento.
La principal vía que conecta con los departamentos de Atlántida y con Olancho, a través del corredor agrícola, estará cerrada al paso de vehículos por tiempo indefinido, según dieron a conocer los organizadores de las tomas.
Las protestas comenzarán a las 6:00 AM y se centrarán en las comunidades, Honduras Aguán, en Trujillo; Taujica en Tocoa; La Esperanza en Bonito Oriental; desvío de Braulio; puente del río Tocoa, puente río Aguán en Sabá y aldea Puente Alto en Sonaguera.
Quieren que se quite el decreto
El “decreto de la discordia”, como ellos le llaman, está vigente desde el 7 de agosto de 2012 y fue impuesto durante la gestión del presidente Porfirio Lobo Sosa, debido al incremento de asesinatos producto de las invasiones de fincas de palma africana en el Bajo Aguán.
El 7 y 8 de octubre los manifestantes se tomaron la carretera CA-13 a la altura de la comunidad de Puente Alto, en el municipio de Sonaguera. El paso estuvo cerrado un día completo, pero fueron llamados a dialogar con la condición que desalojaran la vía.
Luego de las conversaciones con Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, no se llegó a ningún acuerdo por la derogación del decreto.
Autoridades de seguridad dijeron a los manifestantes que la derogación debía pasar por el Congreso Nacional. Tras no obtener respuesta, afirmaron que las protestas se intensificarían.
“Ya están programadas las tomas de carretera en todo en el departamento, porque sigue funcionando ese decreto. Tenemos más de un año de estar presionando por su derogación. Hemos ido hasta Tegucigalpa y no nos han atendido las personas que deben atendernos. Esto es un problema de la presidenta Xiomara Castro y del Congreso Nacional, no de la Policía Nacional”, manifestó Medardo Mencías del comité organizador.
“Aquí el favorecido con este decreto es el delincuente, porque ellos andan armados cuando van a asaltarlo a uno, cuando lo va a matar y nosotros desarmados. La policía solo viene a tomar la información o a ver el muerto. Esta lucha no se detiene porque la gente ya está cansada y parece que no tenemos autoridades” agregó Mencía.
Apoyo de autoridades locales
La lucha por la derogación del decreto antiarmas, es apoyada por algunas autoridades locales, como los alcaldes Mario Planas, de Bonito Oriental, y Erlin Acuña, de Sabá. Asimismo, Ricardo Elencoff, diputado del Partido Liberal y Wilfredo Sabio y Edman Dubón, parlamentarios suplentes del Partido Libre. También por la Cámara de Comercio de Tocoa.
La exigencia de los manifestantes también tiene sus opositores, como el líder campesino Vitalino Álvarez, quien advirtió que “si derogan ese decreto va a haber más muertos” en Colón.
En 11 años de vigencia del decreto de desarme, se han registrado 2,316 asesinatos en Colón, el 90% con armas de fuego. De los diez municipios del departamento, Tocoa es el que más homicidios registra anualmente.
El año 2013, a pocos meses del decreto, Colón cerró con 244 muertes violentas, la mayoría por armas de fuego, mientras que en 2014 se registraron 253. Hubo una baja en 2015, con 208 casos; también en el 2016, con 169 asesinatos y un promedio de 170 hasta 2020. Fue en el 2021 cuando se dispararon las muertes violentas, contabilizando ese año 222, mientras que en el 2022 se registraron 244 y el 2023, alrededor de 240.
En lo que va de 2024 ultimaron a 119 personas. El asesinato de más impacto ocurrió el 14 de septiembre cuando fue acribillado a balazos el ambientalista Juan Antonio López. El hecho se registró en la ciudad de Tocoa y ha sido condenado por la comunidad internacional y hasta por el papa Francisco.
Por esta muerte guardan prisión tres personas, acusadas de ser los autores materiales del crimen contra López, quien también era regidor municipal de Tocoa, miembro del Partido Libre y delegado de la palabra de la Iglesia Católica.
