TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que dentro de los próximos meses empezará a operar una maquila propia de la institución para fabricar los uniformes de los policías con el propósito de resolver el problema de indumentaria.
”A partir de 2025 operará nuestra industria policial para proporcionar uniformes”, expresó el secretario en referencia a la Dirección de Industria Policial (Inpol), como una dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras creada en 2023 y similar a la entidad Industria Militar en Las Fuerzas Armadas.
Sánchez compareció este jueves ante el canal HCH, donde reaccionó ante los cuestionamientos de televidentes del estado de los uniformes policiales, tal y como lo denunció EL HERALDO Plus esta semana en su investigación titulada “Policías hondureños en harapos, pero luciendo sus Black Mamba”.
”El lunes (pasado) los empezamos a entregar”, expresó el secretario sobre la necesidad de indumentaria de calidad en los agentes y oficiales.
Aunque a finales de mayo Sánchez anunció la distribución de camisas, pantalones, botas, gorras e insignias para los efectivos policiales, varios policías comentaron a EL HERALDO Plus que no han recibido los nuevos trajes.
“Lo que pasa es que hay todo un proceso. Tienen un chip y número de serie”, sostuvo el alto funcionario.
Policías sin uniformes
Es de recordar que desde 2019 no se les provee de vestimenta a los policías, por lo que desde entonces son los propios agentes quienes se costean la vestimenta, según varios testimonios de agentes y expertos.
Al respecto, Sánchez expresó que al asumir como secretario de Seguridad -en junio de 2023- decidió abrir una licitación de indumentaria policial, la cual se adjudicó meses después y el contrato se firmó en diciembre pasado, con un plazo de entrega seis meses después, es decir, a mediados de este 2024.
Esta entrega incluye unas 42 mil piezas, por lo que “se entregan dos uniformes por policias, con botas, insignias y gorras. Los chalecos antibalas están en camino, ya se adjudicaron”, precisó el secretario.
Ya está en camino una nueva licitación, con el propósito de adquirir unos 50 mil uniformes, pero “será la última”.
A partir de esa compra, entrará en función la dirección de Industria Policial (Inpol), “una maquila que va a fabricar nuestros uniformes y así evitar nuestros procesos lentos y engorrosos”, detalló.
Trama de los uniformes
En el pasado, la adquisición de los uniformes policiales mediante fondos de la Tasa de Seguridad estuvo salpicada por corrupción, desvío de fondos y lavado de activos, caso que se dilucida en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
Todo se remonta al 15 de junio de 2015, cuando se firmó la resolución 055-2015 por la cantidad de 4,873,253.76 dólares, equivalente a unos 112.2 millones de lempiras, para la compra de dos lotes de uniformes: 26,064 conjuntos en el lote 1 y 25,101 prendas en el lote 2.
En el escrito se especificó que la compra se le realizaría a la empresa Tactical Products Group (con sede en Florida, Estados Unidos), argumentando que presentó una oferta que reunía las especificaciones técnicas requeridas por la Secretaría de Seguridad.
No obstante, de acuerdo con la demanda que se procesa en Florida el 25 de junio de 2015 un ejecutivo de una empresa de Georgia firmó un contrato de 4.8 millones de dólares con el representante legal de la Tasa de Seguridad de ese entonces (Roberto Cosenza).
EL HERALDO Plus identificó que la empresa de Georgia es Atlanco LLC, de la cual aparece como propietario Carl Alan Zaglin; junto a otro socio de nombre Aldo Néstor Marchena.
El 6 de julio de 2015 -once días después que el representante de Atlanco firmó contrato con Cosenza- el CNDS emitió la resolución 066-2015, modificando la resolución 055-2015, estableciendo que ahora la empresa que proveerá los uniformes policiales ya no es Tactical Products Group, sino Atlanco LLC, porque “su oferta reúne las especificaciones técnicas requeridas”.
En la nueva resolución, la cantidad establecida es de 4,873,253.76 dólares.
Según la acusación en la Corte del Distrito Sur de Florida, “en o alrededor del 9 de septiembre de 2015, Zaglin se reunió con Luis Berkman y Marchena en la oficina de Florida Company I en Miami, Florida, en el Distrito Sur de Florida, para discutir la realización de pagos de sobornos a funcionarios del gobierno hondureño”.
Por estas prácticas corruptas en el extranjero, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó judicialmente, en noviembre del año pasado, a los ciudadanos estadounidenses Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena, así como al hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno, director ejecutivo de la Tasa de Seguridad.
Ambos son acusados de lavado de activos y reparto de coimas en relación con dos contratos para la compra de uniformes y accesorios destinados a la Policía hondureña por un monto de 10.4 millones de dólares, unos 241 millones de lempiras (según la tasa de cambio de 23.03 entre 2025 y2016), dinero que los contribuyentes aportaban para el combate de la inseguridad.
En tanto, Cosenza fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2024 para enfrentarse a juicio.
