TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por unanimidad de votos, los magistrados de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción revocaron las medidas cautelares sustitutivas y ordenaron que se imponga prisión preventiva para cinco personas acusadas por la compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia de covid-19.
Entre los involucrados se encuentran tres exempleados de Invest-H, quienes son Alex Alberto Moraes Girón (exadministrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (excontador general) , Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (exespecialista administrativa y financiera), Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería).
Asimismo, los magistrados declararon sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa legal del exdirector de Invest-H, Marco Bográn y por lo tanto le confirmaron auto de formal procesamiento por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
De acuerdo a lo informado por la Corte de Apelaciones hay elementos que acusan a los implicados en los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
“Existen suficientes indicios para sostener razonablemente que los imputados son autores o partícipes de uno o dos delitos, razón por la cual, no hay duda que existe peligro de fuga por la gravedad de la pena que pueda imponerse como resultado del proceso y por la importancia del daño que se deba indemnizar, cuya cuantía dineraria ronda el valor de 40 a 50 millones de lempiras”, señaló la Corte.
La Corte de Apelaciones consideró como “riesgo de obstrucción de la investigación” la presunta fuga de Juan José Lagos Romero, propietario del grupo G y T S.A. de C.V, quien se encontraba fuera del territorio nacional y fue capturado recientemente.
Caso “Mascarillazo”
De acuerdo con las investigaciones, entre abril y mayo de 2020, el Estado realizó la compra de equipo de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de entregarle dichos instrumentos al personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de Invest-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
Además, las autoridades dieron a conocer que Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, debido a que una vez que Invest-h hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Las órdenes de compra de las 474 mil mascarillas tenían un monto de L.50,836,500.00 millones de lempiras y luego por L.39,396,000.00 millones de lempiras, siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. L. 37,989,000.00 millones de lempiras, de acuerdo a la Fiscalía.
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