TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que fue emitido el requerimiento fiscal en contra de los exdiputados José Oswaldo Ramos Soto y Rodimiro Mejía Mejía, así como para otras 12 personas, el apoderado legal de ambos, Nicolás García, ya se apersonó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
”Ya nos personamos para el ofrecimiento de su presentación voluntaria y que se señale el día y hora para la audiencia de declaración de imputado”, manifestó el abogado.
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El togado señaló que “desconocemos realmente que es lo que el Ministerio Público está justificando y cuáles son las pruebas que se tengan y sobre eso nos vamos a imponer en su momento”, al referirse sobre la imputación que se les hace a sus representados.
Reiteró: “hasta ahora desconocemos que es lo que la Fiscalía aduce como delito en contra de ellos”.
Investigación
Según la investigación, durante su periodo de funciones comprendido entre 2013-2017, los mencionados habrían realizado operaciones fraudulentas y saqueo de fondos al Congreso Nacional en colusión con las ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).
Los investigados desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleos en Francisco Morazán, Cortés y Copán, sin embargo, solo se ejecutó el cinco por ciento (5%) aproximadamente y se desviaron un total de 18 millones 950 mil lempiras.
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Se determinó que los acusados desviaron los fondos en gastos personales, campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil captando los directivos de las ONG el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
De acuerdo a la investigación, Chedrani percibió 19 depósitos de más de 29 milones de lempiras y Ramos Soto recibió cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.
