TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de la Ley de Justicia Tributaria, el gobierno pretende eliminar la figura del secreto bancario, estipulada en el artículo 72 del Código Tributario.
En uno de los considerandos del anteproyecto de ley se señala que las empresas exoneradas están exentas de presentar declaraciones de precios de transferencia según el Decreto Legislativo No. 117-2021 porque presuntamente persiste el secreto bancario.
Además, que el país comparte información tributaria con apenas cinco jurisdicciones extranjeras y no cuenta con un marco normativo adecuado que permita la gestión e intercambio expedito de información con más jurisdicciones extranjeras.
“Desde el año 2019, la Administración Tributaria no realiza fiscalizaciones de precios de transferencia ni investigaciones tributarias internacionales sobre planificación fiscal y erosión de la base imponible”, advierte la iniciativa legal.
Al ser aprobada la eliminación de la normativa, el Sistema de Administración de Rentas (SAR) tendrá acceso a números y movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro; detalle de préstamos y créditos, y demás operaciones activas y pasivas a cargo de los bancos y sociedades financieras, cajas de ahorro o cooperativas de crédito.
Así como al número y detalle de las personas naturales o jurídicas, estructuras, jurídicas además de entidades sin personalidad jurídica y cualquier otra documentación que facilite la identificación de rentas y patrones de consumo.
Beneficiario final
En la legislación, que está en manos de una comisión multipartidaria de dictamen en el Congreso Nacional, se aprueba la figura denominada beneficiario final.
Según el anteproyecto, el beneficiario final es la persona o personas naturales que efectiva y finalmente, directa o indirectamente, poseen o controlan personas jurídicas, estructuras jurídicas o entidades de hecho.
La definición incluye a las personas que controlan y ejercen influencia significativa sobre el cliente, las cuentas, las relaciones contractuales o los negocios de las personas o estructuras jurídicas; así como a la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realizan las transacciones.
Esta figura legal tiene por objeto luchar contra la evasión y elusión fiscal, prevenir el lavado de activos y la corrupción o el financiamiento del terrorismo, según señala el decreto.
En manos del Congreso
El paquete de reformas tributarias está en manos del Congreso Nacional, sin embargo, ha recibido el rechazo del sector empresarial en virtud de que atenta contra las inversiones.
El polémico decreto elimina de raíz las exoneraciones y una serie de regímenes tributarios, según anunciaron las autoridades gubernamentales.
