TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala de lo Penal ratificó la condena de tres años de reclusión y seis de Inhabilitación especial contra el diputado hondureño Rasel Tomé, por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
La Sala determinó declarar sin lugar el recurso interpuesto por el abogado del diputado, donde alegaba infracción de precepto Constitucional, infracción de la Ley y quebrantamiento de forma.
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Ante la determinación de la Corte, el parlamentario aseveró que “los diputados no somos funcionarios públicos, así que los que están manipulando esto, fue lo primero que dijeron los que estaban haciendo esta junta directiva espuria ‘hay que atacar a Rasel, porque es la voz del pueblo, hay que pararlo’ y se equivocaron”.
Seguidamente dijo que a los traidores los sacamos a patadas y a los corruptos se lo señalamos y les decimos con punto y coma los actos de corrupción y los saqueos que le han hecho al pueblo hondureño, ustedes 12 años saquearon al pueblo hondureño con hospitales chatarras, cuando estábamos en pandemia, nosotros le prometimos al pueblo sesiones presenciales y todos los días hemos ido, un baño de pueblo tuve yo, abrazos por todos lados y aquí ando”.
El recurso presentado por la defensa de Tomé fue contra la condena emitida en junio de 2019 por la Sala IV del Tribunal de Sentencia junto a los también excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Gustavo Lara López y Edwin Torres Cruz.
La Fiscalía comprobó que los excomisionados adjudicaron la frecuencia del canal 12 a la sociedad Televisora de Honduras S.A, pese a que había un recurso de casación pendiente de resolver en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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El diputado y los dos excomisionados fueron declarados culpables por abuso de autoridad el 23 de noviembre de 2018.
Edgardo Casaña
Por su parte, al diputado Edgardo Antonio Casaña y a otras tres personas se le considera coautor de un delito consumado de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública, por lo que el escrito detalla que se debe “condenar a los acusados, imponiéndoles a cada uno de ellos la pena principal de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público oneroso o gratuito relacionado con la administración o gerencia de instituciones del Estado centralizadas, desconcentradas o descentralizadas, durante seis años.
