TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diversos sectores se manifiestan en contra de la intención en el Congreso Nacional de reformar la ya polémica Ley de Amnistía Política y conceder indemnizaciones económicas a beneficiados con la ley.
La medida ha sido calificada por la sociedad civil como una descarada “patada y mordida”.
“La reforma a la Ley de Amnistía para Presos Políticos es un acto que lesiona el combate frontal a la corrupción y es por eso que el CNA se opuso desde antes de la aprobación de la ley”, dijo Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La misma postura comparte el coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, quien expresó que ante cualquier reforma, el daño ya lo hicieron los parlamentarios.
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“En este caso el daño ya se ocasionó y cualquier persona se va a poder acoger a esa ley penal que estuvo vigente antes de la reforma encasillando todos los delitos de la administración pública”, acotó. Sin embargo, los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), promotores de la reforma a la ley, aseguran que el espíritu de la misma no es indemnizar a exfuncionarios que ya obtuvieron cartas de libertad o personas que estuvieron involucrados en delitos relacionados a la corrupción.
“La reforma al decreto es clara al decir que no comprende delitos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, por eso ninguna persona que haya estado bajo estos delitos puede ser objeto de un régimen reparador”, señaló la diputada Maribel Espinoza.
Destacó que esta moción de reforma se da por una recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La reforma involucra la conformación de una comisión, la cual decidirá qué personas serán indemnizadas y cuáles no, confirmó la diputada proyectista Ligia Ramos, también del PSH.
