El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina) pidió a la Fiscalía actuar de conformidad al confirmarse que, en la regalía de terrenos, hubo ilícitos de tipo penal.
El reciente informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en el cual confirma que hubo “responsabilidad penal”, le da la razón al sindicato, dijo Manuel de Jesús Sosa, secretario de la seccional cinco del Sitraina.
Sosa pidió al Ministerio Público darle seguimiento a la denuncia del sindicato presentada hace más de un mes y en la que asegura hubo irregularidades graves en la regalía de terrenos.
El TSC mantuvo en el INA del 19 de febrero al 6 de marzo del corriente año un equipo de auditoría investigando los alcances jurídicos de la cadena de distribución de 287 lotes de terreno ubicados en la aldea de Yaguacire, al sur de la capital.
Según el informe especial número P-07/2014-DPC-DCSD de la Dirección de Participación Ciudadana del TSC, de conformidad a los artículos 81 del reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, 6 y 16 numeral 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la situación en el INA presenta indicios de responsabilidad penal.
Esta opinión, dice, “de ser compartida con esa Fiscalía, conllevará que la misma realice las investigaciones que considere pertinentes, a fin de comprobar los hechos que de acuerdo a este Tribunal se consideran de índole penal, lo que finalmente provocará que esa dependencia entable acciones penales ante los tribunales de justicia respectivos”.
En la regalía de terrenos las autoridades del INA beneficiaron a ocho exfuncionarios que ya no laboraban en la institución, entre ellos el propio exdirector César Ham, que había renunciado seis meses antes.
“El Director no tenía facultades para dar terrenos a altos exfuncionarios ni para ceder títulos de propiedad”, dijo el dirigente sindical.
“El abuso de autoridad incurre en delito penal porque ellos no tenían las facultades para entregar terrenos a nadie si no era con los propietarios de esos terrenos, con el sindicato”, añadió.
El informe del TSC fue hecho “de una forma muy profesional” y, en ese sentido, se espera que el Ministerio Público le dé el tratamiento que el caso amerita.
“Nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos viendo que las cosas sucedan sino que vamos a seguir insistiendo en el Ministerio Público para que pueda poner en cintura las ilegalidades que en su momento los funcionarios del INA cometieron”, expresó el secretario de la seccional cinco del Sitraina.
Recordó que solo al Sitraina le corresponde distribuir los terrenos porque son de su propiedad.
Sin embargo, la cláusula 58 del contrato colectivo de condiciones de trabajo faculta a las autoridades tramitar los títulos de propiedad a favor de los trabajadores del INA, afiliados o no al sindicato. Los terrenos donados son parte de una propiedad de 120 manzanas que el Sitraina consiguió con la patronal hace unos veinte años a lo que ellos llaman “conquistas sindicales”. Seis exfuncionarios del INA rechazaron la donación.
Sin investigar denuncia
El Ministerio Público todavía no investiga los alcances de una denuncia que, días después de las regalías de terrenos, hizo contra el Sitraina el exasesor jurídico del INA, Marco Ramiro Lobo.
Este exfuncionario llegó a la Fiscalía a formalizar la denuncia según la cual el sindicato en referencia es dueño de grandes extensiones de tierras en el sur, occidente, Comayagua y Tegucigalpa.
Ramiro Lobo declaró que algunos dirigentes sindicales son propietarios, a título personal, de terrenos que han sido conseguidos gracias a las negociaciones de los contratos colectivos.
No se sabe por qué razones el Ministerio Público no le ha dado seguimiento a la denuncia contra el sindicato. Tampoco ha hecho lo mismo con la denuncia del mismo sindicato, según se quejan estos.
