TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, confirmó este día que recibió amenazas luego de presentar un informe sobre nepotismo en el gobierno de Xiomara Castro el pasado 24 de mayo.
La abogada salió del país y adelantó que no cederá en su lucha contra la corrupción a pesar de las amenazas.
“Seguiremos luchando contra la corrupción. Quienes deben callar son los cobardes, no las voces valientes de las y los hondureños que trabajamos para heredar una Honduras digna de llamar madre patria. Esta batalla es de todas y todos, no nos detendrán”, dijo en sus redes sociales.
EL HERALDO consultó dentro del gobierno qué piensan sobre la denuncia de Castellanos y el expresidente Manuel Zelaya dijo que es una “táctica de desestabilización”.
“Es un plan ya trillado en los países donde la oligarquía quiere afectar los gobiernos, ya se conoce en América Latina. Hay manuales sobre ese tipo de tácticas de desestabilización. Las autoridades deben investigar quiénes están en conspirando contra Xiomara (Castro)”, manifestó Zelaya a este rotativo.
Lo dicho por Zelaya va en concordancia con la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, quien tampoco creyó las amenazas de Castellanos al manifestar que “parece que obedece a una agenda predeterminada”.
Pensamiento distinto tuvo el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, al mostrar una posición mesurada en torno a las amenazas que Castellanos denunció.
“La señora Castellanos debe denunciar toda amenaza en su contra y los operadores de justicia deben actuar para investigar y castigar a los responsables de las mismas, todas las partes deben actuar con responsabilidad y respeto”.
Pastor acotó que las amenazas son condenables y el gobierno debe proveer seguridad a toda la población en general.
“La responsabilidad del gobierno es garantizar la seguridad de la población en general. Quienes dirigen instituciones de lucha contra la corrupción están expuestos a que los corruptos les amenacen. En Honduras el CNA representa una institución que desde la sociedad civil, en colaboración con la empresa privada, el gobierno y otros actores internacionales, hace una labor importante en materia de veeduría social. Cualquier amenaza contra cualquier persona es condenable”, cerró.
