'Nos permitimos presentar nuestra RENUNCIA MASIVA a la prestación de servicios de salud a la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia, que rige a partir de las 19:00 horas del día de hoy 20 de abril del año en curso', dice la carta dirigida al director del hospital, el doctor Roberto Sierra.
El San Rafael es el único centro médico estatal en un departamento de casi 66.000 personas, que además colinda con Perú y Brasil -la nación latinoamericana con mayor número de casos por la pandemia (con 2.575 muertes y más de 40.581 casos en el último balance)-.
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Los especialistas y médicos generales que suscribieron la misiva argumentan que 'no existen medidas de bioseguridad' para atender a los pacientes con el nuevo coronavirus, ni cuentan con los 'insumos y equipos necesarios para la correcta y eficiente prestación de servicios'.
Según el texto, debido a la ausencia de protocolos claros frente a la pandemia se ha 'generado caos a nivel interno y contaminación a áreas que no atienden ese tipo de pacientes'. Además, los profesionales de la salud exigen 'garantías de pago de la prestación de servicios' médicos.
Sierra, director del hospital, aseguró a la AFP que 'se llegó a un mutuo acuerdo' entre el personal médico y la gobernación del Amazonas, por lo que 'el personal de la salud regresará a sus labores'.
Sin embargo, los trabajadores sanitarios no se han pronunciado todavía sobre el reinicio de actividades.
El departamento del Amazonas registra cuatro casos confirmados del nuevo coronavirus, de un total nacional de 3,977 personas contagiadas y 189 fallecidas.
La renuncia masiva se suma a otras protestas del sector reclamando contra la precariedad del sistema de salud en medio de la pandemia.
En los últimos días los médicos colombianos también han denunciado discriminaciones y rechazos para acceder a transporte público, mercados y vivienda por parte de personas que los consideran fuentes de contagio.
El presidente Iván Duque ha dicho que la protección del personal de salud expuesto a un posible contagio en urgencias es antes que nada responsabilidad de sus empleadores.
Para frenar la expansión de la enfermedad, el gobierno decretó la emergencia sanitaria y un confinamiento nacional que regirá en principio hasta el 11 de mayo.
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