Esta postura fue manifestada a través de una conferencia de prensa donde estuvieron presentes los principales líderes: Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), y Mauricio Díaz, coordinador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Igualmente, estuvo Gabriela Castellanos; directiva ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).
'Vamos a trabajar en conjunto para evitar que el Código Penal entre en vigencia', confirmó Barquero, en referencia a que la ley que entrará en vigor en próximo noviembre disminuye los penas contra el narcotráfico.
El coordinador del Fosdeh explicó que las organizaciones civiles aglutinadas en este grupo pondrán a disposición un cuerpo de abogados para elaborar un marco legal que servirá de base para una nueva iniciativa.
'Estamos entregando una propuesta al Poder Legislativo donde creamos una plataforma para proponer un marco legal, en función de las necesidades del pueblo hondureño', dijo la directiva del CNA.
El nuevo Código Penal ha levantado fuertes críticas, porque sus opositores sostienen que suaviza las condenas contra la narcoactividad y mantiene las penas contra la calumnia e injuria, que es interpretado como una amenaza contra la libertad de expresión.