Mediante el acuerdo PCSJ38-2020, el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, autorizó el traslado de dos jueces asignados a los Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional que conocen acusaciones de alto impacto a una jurisdicción ordinaria en materia penal.
Los funcionarios judiciales trasladados son Víctor Méndez Ordóñez y Lisseth Rosario Vallecillo Banegas, quienes ostentaban el cargo de Jueces de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.
'Los movimientos de personal entre juzgados, tribunales y cortes sirven como una medida para lograr que los impartidores de justicia y sus auxiliares brinden un mejor servicio a la población, que sea de calidad, y esté basado en la honestidad y transparencia, así como en la imparcialidad, objetividad y el buen conocimiento del derecho en todo su contexto', señala el acuerdo de nombramiento.
Ambos funcionarios ocuparán cargos que fueron creados por el Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial del 14 de junio de 2017.
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Con la determinación de las autoridades de la CSJ, no se verán transgredidos sus derechos laborales adquiridos y se les continuará brindando la seguridad conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario, detalla el acuerdo.
La propuesta de iniciar una rotación de jueces nace desde la Presidencia de la CSJ, que busca que los expedientes penales tengan una mayor celeridad y puedan resolverse sin dilación.
'Dada la crisis originada por la pandemia del covid-19, es urgente que los jueces y magistrados del Poder Judicial aumenten sus esfuerzos por cumplir con los plazos procesales para disminuir el porcentaje de los juicios cautelarmente, culminando los juicios de forma en que se garanticen todos los derechos de los imputados y víctimas, de forma que el acceso a la justicia sea efectivo y pronto', estableció el presidente Rolando Argueta en su propuesta.
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Expedientes
Los dos funcionarios tenían bajo su haber acusaciones consideradas de alto impacto. Algunos de ellos ya fueron desvanecidos en una sala de juicios orales y otros se encuentran en pleno desarrollo.El juez Méndez Ordóñez conoció el expediente acusatorio instruido por el Ministerio Público contra el ex subcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Barralaga Hernández, declarado culpable por lavado de activos, y otros miembros de su familia, algunos prófugos de la justicia.
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Además, emitió la orden de captura contra el exalcade de Jocón, Yoro, Santos Gabriel Elvir Arteaga, acusado del delito de asesinato y que también huye de las autoridades.
Por su parte, la juez Vallecillo Banegas tiene bajo su conocimiento judicial el expediente acusatorio contra el empresario David Castillo, supuestamente implicado en el crimen de la ambientalista Bertha Cáceres.
La audiencia preliminar sobre este caso está prevista para desarrollarse este viernes 21 de agosto.
Una alta fuente del Poder Judicial confirmó a EL HERALDO que pese al cambio, 'la audiencia se llevará a cabo bajo el conocimiento del juez de Letras con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, que viajará a Tegucigalpa para continuar con el proceso. No queremos más dilaciones en este proceso'.
De acuerdo a la ley, el sustituto natural por razón de la competencia de esos juzgados es el juez Carlos Irías León, asignado a San Pedro Sula, por lo que se estará trasladando a Tegucigalpa para evacuar esta y otras audiencias.
La funcionaria judicial Vallecillo Banegas también procesó a los otros acusados por el asesinato de la ambientalista, quienes fueron encontrados culpables por un tribunal de sentencia.
La defensa legal de Castillo cuestionó la determinación de la CSJ y la calificó como abrumadora.
'No me cabe en la cabeza que puedan cambiar a un juez con jurisdicción nacional intempestivamente porque sería un claro mensaje negativo al pueblo de que el señor David Castillo corre una mala suerte en este proceso. Si la presión llega a tales extremos sería abrumador y merecería la intervención internacional en beneficio del señor Castillo. No crea que sea posible, aunque cualquier juez que sea honesto va a dictar la resolución que en derecho corresponda que es dejar libre al señor Castillo', afirmó la abogada Ritza Antúnez.
