Grandes escándalos que estallan en Argentina y Perú, mientras expresidentes centroamericanos se enfrentan a la justicia. América Latina es sacudida una vez más por una ola de casos de corrupción que alimenta la percepción de vivir en el cuento de nunca acabar. Aunque hay razones para la esperanza, dicen los expertos.
Expresidentes salpicados
En Argentina, unos cuadernos escolares han sacudido por algunos días a políticos y grandes patrones empresariales. Óscar Centeno, el chofer de un ministro durante las administraciones de la era Kirchner, anotó meticulosamente las decenas de millones de dólares pagados entre 2005 y 2015 a sus gobiernos por ejecutivos privados para obtener contratos públicos.
Varios funcionarios de alto rango y ejecutivos corporativos están entre rejas y Cristina Kirchner, presidenta de 2007 a 2015 y ahora senadora, pasó brevemente esta semana por el juzgado, donde se negó a declarar.
“Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI”, escribió en Twitter.
En Perú, la difusión de unas grabaciones a principios de julio ha situado al sistema judicial en el ojo del huracán. En los audios se escucha a jueces negociando las sentencias de acusados.
El ministro de Justicia, Salvador Heresi; el presidente del Tribunal Supremo, Duberli Rodríguez, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Orlando Velásquez, quien nombra a los jueces y fiscales, se vieron obligados a renunciar.
En respuesta al escándalo, el presidente peruano Martín Vizcarra lanzó una reforma judicial masiva y anunció un referéndum para legitimarla.
En Centroamérica, el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), en prisión desde hace casi dos años, admitió haber desviado más de 300 millones de dólares durante su mandato. Su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), acusado de los mismos delitos, está prófugo en Nicaragua.
El exjefe de Estado de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), fue extraditado en junio desde Estados Unidos: está acusado en una veintena de casos de corrupción.
Desde el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva a los últimos cuatro mandatarios de Perú, actualmente en la región latinoamericana “hay una docena de expresidentes en la cárcel, fugitivos, involucrados o destituidos” en casos de este tipo, aseguró el abogado peruano José Ugaz, expresidente de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional.
Una parte de estas causas está conectada con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, en el centro de un gran escándalo de corrupción que socava a la clase política regional.
Política y dinero
“La relación entre el dinero y la política está en el corazón del tema”, explica a la AFP Gaspard Estrada, director de Opalc, el observatorio de LA del Instituto de Estudios Políticos de París. Desde Brasil hasta Argentina “encontramos los mismos mecanismos con empresarios corruptos y políticos que buscan financiar sus campañas”, sintetiza.
Para “salir de esta dependencia y romper este círculo vicioso”, es necesario un marco más estricto: “Debería haber límites para las donaciones de personas privadas y esto se acompaña de un financiamiento estrictamente público”.
“El gran problema institucional en América Latina es la falta de mecanismos de check and balance (control y equilibrio)”, afirma Raúl Ferro, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), preguntado por la AFP.
Cada vez más difícil
“En América Latina tenemos una historia de corrupción. Siempre van a haber casos, está en la naturaleza del ser humano”, admite Ferro, que sin embargo se dice “optimista, sin ser ingenuo”.
“Lo importante es que cada vez es más difícil hacerlos y cada vez es más fácil denunciarlos. Los escándalos permiten tener pequeños avances”, opina.
“El caso Lava Jato (Lavadero de autos) en Brasil ha generado una dinámica en la región a la que se le ha sumado un mecanismo nuevo e interesante que es la ciudadanía. Hemos visto a miles de personas marchar contra la corrupción. Este es un motivo de esperanza”, afirma el abogado José Ugaz.
“Ojalá que no termine como la Primavera Árabe, en un fogonazo. La población tiene que mantenerse
alerta”, advierte.
