TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La captura de un funcionario judicial y su madre se ejecutó la mañana de viernes en la residencial Las Uvas, de la capital de Honduras, luego que se les emitiera un requerimiento fiscal por actos de corrupción.
Los detenidos son Lenard Francisco Matamoros García y su progenitora, María Reina García Cruz, quienes son acusados por parte de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Ufecrco), por los delitos de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos. En el mismo caso también es señalada Dina Emérita Murcia García.
Según informó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora: “Hay dos personas que han sido capturadas y una tercera que ha sido citada especificamente para que comparezca en las oficinas del Ministerio Público”.
“Esta persona trabajaba, hasta hace poco, en el circuito de juzgados anticorrupción y de acuerdo a las investigaciones él estaría filtrando información de los investigados. Al revisar sus cuentas también se vio que hubo un incremento injustificado”, reveló.
Además de su captura, también se desarrollaron allanamientos en la colonia San José de la Peña y la residencial Las Uvas. Las autoridades informaron que aseguraron e incautaron un bien inmueble en dicha residencial que estaba a nombre del Gabriel Eduardo Chacón (fallecido) y cuya escritura pública de compraventa fue alterada por un pariente del notario autorizante, y posteriormente vendido por menos del 20% de su valor comercial a María Reina García Cruz, la madre del funcionario judicial relacionado.
Las investigaciones contra Lenard Francisco Matamoros García iniciaron en 2019 cuando la MACCIH-UFECIC, durante los procesos de solicitud de diligencias de allanamientos, identificó que desde el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción, se estaba facilitando información a los investigados.
Sobre el análisis financiero del imputado se estableció que sus finanzas aumentaron de manera considerable, recibiendo transacciones en efectivo a través de cajeros automáticos. La investigación demostró que se hicieron 165 depósitos que sumaron más de 2 millones de lempiras.
“Uno de los modus operandi a los que recurrieron son los depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, así como la administración y explotación de juego de suerte, envite o azar no autorizados, que en un principio operaban desde su vivienda y que, posteriormente durante la pandemia de Covid-19 continuó con la operatividad utilizando las aplicaciones de WhatsApp y ¨PÓKER¨, para organizar las partidas de juego, operando como un casino clandestino, en el que se han identificado, a la fecha, alrededor de 213 jugadores que pagaban sus apuestas a través de trasferencias bancarias a su cuenta bancaria personal, que sumaron aproximadamente dos millones de lempiras”, indicó la fiscalía en su comunicado.
