Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) propinó una brutal golpiza, hace unos días, a cinco privados de libertad involucrados en delitos de alto impacto, recluidos en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara.
Entre los reos agredidos figuran: el estadounidense Gilbert Reyes, implicado en el asesinato de tres mujeres en Roatán; José “Chepito” Handal, condenado a 16 años por lavado de activos; el exadministrador de la Pandilla Barrio 18, Jesús Valmaña Cruz, condenado a 63 años por diversos delitos; y el exjugador de fútbol Óscar “El Pescado” Bonilla, condenado a 11 años por tráfico de drogas.
También se reportó entre los agredidos al extraditable José Rafael Sosa Méndez, alias “Chafalo”, a quien le fracturaron un diente y le rompieron el labio.
La información fue confirmada a EL HERALDO por el abogado Carlos Chajtur, defensor legal de Sosa Méndez, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
“Yo se lo confirmo. Mire, esta situación se dio porque la Policía Militar, por instrucciones de Ramiro Muñoz, director de la Policía Militar y del Instituto Nacional Penitenciario, gaseó el módulo de segregación”, señaló Chajtur.
Prosiguió: “Cuando los privados de libertad recluidos ahí comenzaron a ahogarse, derribaron los portones de segregación para salir al exterior y poder respirar. Una vez afuera, se encontraron con un grupo de policías militares que los estaban esperando. Golpearon a todos los privados del módulo de segregación”.
El abogado agregó que, a su defendido, “José Rafael Sosa Méndez, uno de los PM, de una patada le abrió el labio y le botó uno de los dientes superiores, además de propinarle otros golpes en distintas partes del cuerpo”.
Sobre este caso, los organismos de derechos humanos y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) abrieron un proceso de investigación para que los privados de libertad fueran examinados por Medicina Forense.
“Había un privado de libertad con un golpe en una costilla, y existía el temor de que estuviera fracturada, ya que incluso presentaba fiebre”, relató Chajtur.
En los últimos meses, el nombre de Rafael Sosa Méndez ha resonado en los diferentes medios de comunicación en virtud de que su hermano José Octavio Sosa Méndez junto a sus 11 guardaespaldas fueron secuestrados y desaparecidos en la comunidad Crique de las Marías en Tela, Atlántida.
Asimismo, declaró que los reos “fueron provocados por las autoridades penitenciarias para que reaccionaran, con el objetivo de justificar el uso de la violencia”.
Otras fuentes relacionadas a la administración del sistema penitenciario afirmaron que uno de los reos desafió a un alto jerarca militar de revelar andanzas de un familiar cercano en el narcotráfico.
EL HERALDO intentó comunicarse con el titular de la Policía Militar, Ramiro Fernando Muñoz, para conocer mayores detalles de la agresión, sin embargo, no respondió los mensajes ni las llamadas telefónicas.
No obstante, en declaraciones a la capitalina Radio Cadena Voces, afirmó que en el módulo de segregación se suspendieron las visitas por un período de ocho días, sin hacer ningún tipo de referencia sobre la agresión contra los privados de libertad.
“A los abogados de ellos para eso les pagan, es una lucha continua querer beneficiar a estos privados de libertad. Nunca antes había tenido usted un módulo en Támara donde se reunirían todos los narcotraficantes que están en los diferentes centros penales del país y estarían en las condiciones que hoy están”, expresó.
Este rotativo conoció que, entre otros castigos, a los privados de libertad únicamente se les permite hablar con sus abogados por un período de diez minutos al día.
Defensores de derechos humanos llaman a desmilitarizar los centros penales
Desde la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) aseguran que reciben diariamente denuncias contra las autoridades de los centros penales relacionadas con la prohibición permanente de visitas, la suspensión de la alimentación y actos de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por ello, hacen un llamado al Estado para judicializar a los responsables.
“Hemos visto con preocupación la denuncia sobre la golpiza que han recibido algunos privados de libertad. Consideramos que se debe castigar y sancionar a los militares y cuerpos de seguridad del Estado que abusan de sus funciones”, declaró el defensor de derechos humanos Jorge Jiménez.
Apuntó que la tutela de un privado de libertad está bajo responsabilidad del Estado, el cual debe garantizarla y protegerla, no cometer arbitrariedades que violentan, disminuyan y menoscaben los derechos humanos.
Asimismo, exhortó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a iniciar un proceso de desmilitarización de los centros penales.
“Es oportuno que la presidenta, en 2025, revise y desmilitarice los centros penales. No podemos seguir teniendo a militares tutelando los centros, ya que esto incrementa las violaciones a los derechos humanos. Honduras debe apostar por una justicia restaurativa, generando condiciones dignas para la rehabilitación de los privados de libertad”, aseguró.
Jiménez recordó que la Comisión Interamericana ha expresado su preocupación por la militarización y ha solicitado al Estado de Honduras que inicie un proceso de desmilitarización.
Finalmente, instó al Ministerio Público a llevar a cabo una verdadera veeduría e investigación sobre los hechos denunciados, incluidos los actos de tortura.
