Pocas demandas a deudores alimentarios con sentencia a favor: “El proceso fue agotador”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Susana Alejandra tenía 25 años cuando tuvo a su hija, Lorena. Cuando la niña nació sintió que su vida era plena, hasta que comenzó a vivir un círculo de violencia por parte de su expareja del que deseó huir.

Con temor y desesperación lo denunció por violencia doméstica en 2014, pero los golpes no pararon, así que nuevamente decidió llevar el caso a los tribunales. La violencia no paró y los golpes también fueron contra la pequeña Lorena, por eso decidió demandar nuevamente al padre de su hija.

Con dos denuncias por violencia doméstica y un caso por violencia intrafamiliar, el juez decidió, casi tres años después, entregar la custodia de Lorena a Susana Alejandra y también ordenó a su expareja pagar la manutención de la niña: eran 2,700 lempiras mensuales, dinero que nunca entregó.

En 2014, el mismo año en que Susana Alejandra denunció a su expareja, el Poder Judicial registró 5,328 demandas por alimentos, pero solo la mitad de los casos tuvieron una resolución. Entre 2012 y 2021, esa institución contabilizó más de 46,430 nuevas demandas, aunque por cada diez casos, ocho no llegaron a tener una sentencia y solo uno alcanzó una sentencia con lugar.

“Desde ese dictamen, nunca, nunca me dio esta cantidad”, lamentó Susana Alejandra, al mencionar que el caso se extendió por tres años. El hombre se desentendió de su hija hasta el año pasado, cuando -después de ser detenido porque nunca firmó en los juzgados por el caso de violencia- por fin decidió pagar la colegiatura de su hija, aunque su expareja le debe casi 300 mil lempiras.

“Yo, sinceramente, en ese aspecto me rendí, porque para mí pasar todo ese proceso fue agotador emocionalmente y es algo que yo no quiero volver a pasar, porque realmente aquí en Honduras es terrible pasar eso”, contó la hondureña de 35 años.

Las denuncias contra los deudores alimentarios han venido en picada en los últimos años, al menos eso indican los reportes del Poder Judicial. Además, los datos evidencian que de todos los casos receptados solo 11% tiene una sentencia.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tuvo acceso a los reportes entre 2012 y 2022, cuando se contabilizaron más de 49 mil demandas por morosidad en la manutención, sin embargo, para comparar los ingresos de las denuncias con los casos que tenían una sentencia, este rotativo solo utilizó los más de 46 mil casos que había hasta 2021 (los registros de sentencias contra deudores de alimentos están hasta ese año).

En 2012, por ejemplo, el Poder Judicial recibió más de 4,876 denuncias, pero en ese mismo año solo 549 casos tuvieron una sentencia: el 91% admitida (con lugar) y el resto desestimada (sin lugar).

Para el siguiente año, los ingresos de casos por manutención irresponsable aumentaron, mientras que los casos con una sentencia alcanzaron los números más altos en los últimos 10 años: fueron 1,458 con lugar y 90 sin lugar.

Entre 2014 y 2018, las denuncias contra deudores alimentarios se mantuvieron y el promedio de sentencias fue de 486, aquí se incluye el proceso que Susana Alejandra entabló contra su expareja.

En 2019 ya los casos venían a la baja y para 2020, cuando la pandemia del covid-19 golpeó a Honduras, apenas hubo 1,398 demandas, de las cuales 173 alcanzaron una sentencia.

Entre 2021 y 2022 nuevamente hubo un repunte en las denuncias contra deudores alimentarios, aunque los casos que tuvieron un dictamen solo están hasta un año después de la pandemia (hubo 185 sentencias con lugar y una sin lugar).

Esto evidencia que durante el proceso los casos pasan por un embudo que culmina con la sentencia, la mayoría admitidas por un juez, aunque eso no significa que el padre o la madre demandada entregue al tutor del niño la manutención, como le ocurrió a Susana Alejandra.

Para Aida Mejía de Kawas, abogada con especialidad en Proceso Civil, los casos de denuncias que ingresan a los juzgados no siempre terminan en una sentencia porque se busca conciliar entre las partes. Además, otras demandas son retiradas o desestimadas y al final son mínimos los casos que lleguen a los tribunales.

“Si se llega a una conciliación, una de las partes dice, ‘mira, está bien, yo voy a llegar a un acuerdo, yo te voy a pagar tanto, tú pagas la casa, yo pago el agua, el teléfono, la luz, yo pago el colegio’, porque es que está ese principio que está enmarcado en la Corte Interamericana de Derecho y en todas las legislaciones relativas a la mujer”, detalló la experta.

La también especialista en derecho Constitucional, Civil y Derechos Humanos se refirió a los múltiples factores que influyen para que no todas las demandas que ingresan terminen en sentencia.

Afirmó que la conciliación es la primera opción, aunque los reportes del Poder Judicial no dicen lo mismo.

Los registros de este poder del Estado indican que entre 2012 y 2021 un total de 36,161 casos no llegaron a una sentencia, el 31% porque los plazos desde que se interpuso la demanda caducaron. Además, el 20% de los denunciantes abandonaron el proceso y el 17% legó a un acuerdo de conciliación.

Además, hubo 2,831 reportes de desistimiento (8%), que ocurre cuando “el caso puede haber terminado por presunción porque venció el término estipulado, porque dejaron pasar las fechas establecidas para ejercer acciones y lo abandonaron. Así de sencillo. No presentaron ningún escrito donde dijera que no se iba a continuar con el caso”, detalló Mejía de Kawas.

Estos casos ocurrieron en los 18 departamentos del país, aunque Francisco Morazán aparecen como el punto geográfico con más demandas contra deudores alimentarios. Seguidamente, aparece El Paraíso y Copán, es decir, que en el centro, oriente y occidente del país es más recurrente que demanden a las personas irresponsables por no pagar manutención.

Sobre los reportes en los que no fueron admitidas las demandas, puntualizó que es raro que ocurra porque el secretario de oficio tiene que enmendar todos los errores en los cuales se fundamenta la misma.

Ejemplificó que la inadmisibilidad por demandar por alimentos puede ocurrir cuando “los hijos, si es una mujer que está demandando por alimentos y resulta que ha habido casos donde se ha dicho que esos hijos no son hijos del marido, en ese caso no puede demandar por alimentos, siempre y cuando haya una sentencia, aunque hayan estado a nombre del marido, si esos hijos, este hombre ejerció acción de impugnación de paternidad y hay una sentencia en la cual ampararse no está obligado a dar alimentos”.

Mejía de Kawas también habló sobre los casos en los que los deudores no pagan la manutención de sus hijos, afirmando que pueden ir a la cárcel porque cuando hay desobediencia el caso pasa del área civil a criminal.

“Bueno, simple y sencillamente se va al Ministerio Público, se hace la respectiva denuncia, ¿en qué delito incurre el imputado? En el delito de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A un tribunal y, por lo tanto, se presenta requerimiento fiscal. ¿Qué va a significar eso? Eso va a significar que va a salir del área civil y se va a ir al área criminal”, expuso.

Detalló que en ese caso al demandado le tocará cumplir y conmutar (le ponen una multa), pero sí vuelve a incurrir en ese ilícito de no cumplir con su deber de padre, entonces presentan nuevamente el requerimiento por el delito de desobediencia y allí no puede conmutar, sino que va a la cárcel. En este caso, la normativa establece entre tres a seis años.

Los casos en los que un juez dictamina que el denunciado debe pagar manutención, pero que no cumpla, como lo hizo la expareja de Susana Alejandra, ahora serán incluidos en un Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

¿Qué significa? Que al no pagar pensión alimentaria a los hijos, los responsables se verán limitados al querer abrir cuentas bancarias, renovar o solicitar tarjetas de crédito, préstamos, obtener un permiso de operación para un negocio y hasta para emitir pasaporte y licencias de conducir.

El Poder Judicial afirmó que la medida busca que los padres sean responsables con la manutención, pero Regina Fonseca, coordinadora del programa Fortaleciendo el Derecho a Decidir de las Mujeres en el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), opinó que no abarcará a todos los que dejen desamparados a sus vástagos.

“La mayoría de deudores irresponsables trabajan dentro del sector informal, entonces no les afecta”, denunció.

“Esos deudores van a quedar siempre en la impunidad. Creo que si bien abarca a determinadas poblaciones dentro del sector formal o algunos, por decir algo, motoristas que trabajan dentro del sector informal, pero que necesitan su licencia de conducir, a esta gente sí le va a afectar”, dijo.

Fonseca afirmó que la maternidad y paternidad irresponsable representa un desgaste emocional, económico y hasta de tiempo para la persona que se queda con la custodia de los hijos, pero también impacta en los vástagos.

Precisamente eso fue lo que contó Susana Alejandra a EL HERALDO Plus cuando dijo que había días en los que ella no tenía cómo sacar adelante a su hija, pero que siempre le tocó buscar la forma. Incluso, mencionó que su expareja en ocasiones le decía que él no tenía para pasarle manutención, pero en el caso de ella no podía darse el lujo de decir: no tengo, porque debía pagar colegiatura, alimentación, gastos médicos y hasta comprarle ropa a su pequeña.

Fonseca, por su parte, recordó que estos procesos tienen un costo y que en Honduras solo se encuentra representación legal gratuita en los consultorios jurídicos, donde atienden estudiantes, por eso muchos casos no terminan en una sentencia.

“Muchas personas desisten porque gastan más en el intento de conseguir justicia y entonces hace que desistan. O sea, no hay justicia efectiva, no hay acceso a justicia. Nosotras hablamos de impunidad en casos penales generalmente, pero la impunidad lo vemos en todos los niveles de los aparatos judiciales del país”, lamentó.

La experta en temas de género sugirió al Estado tener procuradores legales gratuitos para apoyar a la persona que demanda y no cuenta con fondos, pues el proceso puede tardar años, así como le ocurrió a Susana Alejandra, quien espero tres años para que un juez le dijera a su expareja que entregara 2,700 lempiras de manutención para su hija, aunque la sentencia solo quedó en papel.