IP investiga a red de empleados corruptos para despedirlos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una investigación inmediata que permita obtener las pruebas necesarias para despedir a los empleados corruptos y remitirlos a los entes fiscalizadores del Estado anunció el Instituto de la Propiedad (IP).

Mediante un comunicado, la institución destacó la denuncia realizada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en relación a un grupo de empleados que en base a tráfico de influencias y abuso de poder cobran sobornos para traficar y falsificar documentación.

La responsabilidad de la investigación y respuestas inmediatas estará a cargo, según citó el IP, del Departamento de Inspectoría General, liderado por Verónica Moncada, hermana de la candidata presidencial, Rixi Moncada.

Las acciones para desmantelar la red, según el comunicado, se viene realizando desde tiempo atrás con una serie de denuncias por irregularidades, pero ahora se esperan resultados contundentes que permitan limpiar la institución de la colusión que mantiene presente.

Mediante un trabajo de campo, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus desenmascaró una red de empleados corruptos del IP dedicada al tráfico y falsificación de documentos a cambio de sobornos que van desde los 1,500 a 7,000 lempiras, dependiendo del trámite que realizaban.

Para poder llevar a cabo la investigación se contrató a una persona -parte de la red- que gestionó una auténtica, brindo documentación y falsificó las firmas para un traspaso vehicular sin la presencia del dueño del carro y su nuevo comprador. Todo a cambio de un pago que recibió en efectivo en su escritorio.

Fuentes consultadas por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus dijeron que los empleados tienen la venia de la máximas autoridades del IP para realizar los actos de corrupción, blindados con la repartición de coimas que les permitan traficar sin preocupaciones, no obstante, este extremo fue negado.

Entre los documentos y trámites ilegales que ofrecen a cambio de dinero está el traspaso de vehículos sin la firma del propietario anterior y el nuevo.

También venden auténticas en colusión con abogados que contratan directamente, falsifican firmas para llenar documentación, hacen traspasos con deudas de matrícula vehicular, cambios de placas a terceros, entre otras irregularidades.

Luego de la denuncia realizada por este rotativo, el IP giró un comunicado, aunque previamente su directora ejecutiva, Lucy Salgado, y el presidente del Consejo Directivo, José Carlos Cardona, conversaron con EL HERALDO sobre la penosa situación que atraviesa la institución.

Salgado explicó que desde su ingreso al IP se comprometió a limpiar la cara de la institución y han adoptado medidas para capacitar al personal y hacer trabajos en conjunto para evitar la falsificación de documentos a cargo de tramitadores callejeros.

”A medida se van realizando los controles se arreglan unas cosas y se dañan otras. En relación a la red de empleados del IP, quiero asegurarle que nosotros como autoridad máxima ni tiene nuestra venia ni están autorizados para poder hacer actos de corrupción”, dijo.

Detalló que como nueva administración han capacitado a su personal, trabajado en conjunto con la Unión de Notarios, Contraloría del Notariado, Corte Suprema de Justicia (CSJ), denunciando justamente el tema de las auténticas amañadas.

“Nosotros con la denuncia pública que hicieron y conscientes que no vamos a avalar ningún tipo de corrupción ya remitimos, hay una unidad dentro de la institución que es la inspectoría que se encarga de ver el ejercicio de las funciones de los funcionarios”, comentó.

Salgado recalcó que no van a permitir que personas que realicen actos de corrupción continúen siendo parte del IP. “Ya remitimos su publicación a la inspectoría donde solicitamos que realicé las investigaciones pertinentes y que se proceda acorde a las pruebas para deducir responsabilidades, se suspendan o se despidan los funcionarios involucrados en el proceso”.

La funcionaría dijo que la Inspectoría General del IP ya ha remitido informes al Ministerio Público por actuaciones de este tipo de acciones: “Nosotros mismos fomentamos las denuncias”.

“En relación a las firmas falsificadas o auténticas amañadas, es una debilidad dentro del trámite que no le compete al IP, pues quien autentica la firma y da fe pública de lo que se plasma en el documento viene de parte de un notario y por eso trabajamos en conjunto por hallazgos encontrados”, afirmó.

Salgado recalcó que comenzaron con la investigación y que “tenemos acceso a los videos, revisar el sistema, las actualizaciones que tanto la gente que inscribe como el nivel de producción de los revisores documentales y jalar el hilo para desmantelar todo esto”.

En relación a la venia de las máximas autoridades para realizar el ilícito mencionó que “me molesta, no soy parte de esta red de corrupción, me he encargado de limpiar la cara al IP, ahí sí me gustaría saber quiénes son las otras máximas autoridades para desmontarlos”.

”Inspectoría tiene un plazo para atender las denuncias y brindar la resolución, Inspectoría es independiente, confidencial, ellos van a determinar los medios de prueba que pueden obtener, como le mencionaba: acceso a videos, bitácoras en el sistema, revisar la cantidad de transacciones con el apellido del notario señalado y otros indicios, como el comportamiento interno de los empleados”, aseguró.

Salgado comentó que desde su cargo no va obstaculizar las investigaciones para encubrir este tipo de situaciones, pues “abrimos a las autoridades nuestras puertas para que nos ayuden a combatir la corrupción, porque estamos limpiando la cara del IP”.

Aseguró que en el momento que se identifique las personas “se van a despedir de la institución”.

Por su parte, José Carlos Cardona, presidente del Consejo Directivo del IP, explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO que “ordenaremos una investigación desde el Consejo Directivo a Inspectoría y luego la denuncia al Ministerio Público”.

Argumentó que es la Dirección Ejecutiva del IP que debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata: “La ley de institución le otorga una gobernanza directa a los directores, nosotros somos Consejo Directivo, si hay nombres iremos al Ministerio Público a denunciarlos”, expresó.

Sobre este caso, el Instituto de la Propiedad (IP) giró un comunicado de prensa, el cual se comparte a continuación de manera integra:

El Instituto de la Propiedad (IP), a través de la Secretaría Ejecutiva, a la ciudadanía hondureña comunica lo siguiente:

Que el instituto es un ente que otorga seguridad jurídica a los titulares de la propiedad, y no permite, ni permitirá, ningún acto que se cometa al margen de la ley en el que se vea involucrado un empleado o funcionario, aprovechándose de su cargo para obtener un beneficio personal.

Que algunas de las acciones ejecutadas en esta nueva administración, en aras de la transparencia y lucha contra la corrupción, el instituto, a través de la Inspectoría General, ha remitido al Ministerio Público 16 denuncias con supuestos indicios de falsificación de documentos que vulneran la seguridad jurídica de los ciudadanos, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se proceda en base a la ley; así como también se ha remitido a la Corte Suprema de Justicia un informe ejecutivo detallando las investigaciones realizadas durante los años 2022 y 2023, en los cuales han tenido participación diferentes notarios a nivel nacional.

Que en relación a la publicación de un periódico del país, este lunes 8 de enero de 2024, donde se describe una supuesta red de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder por empleados de la institución, se solicitó a la Inspectoría General la investigación inmediata, sobre los hechos denunciados y se inicie el proceso investigativo, para obtener las pruebas que sean necesarias para llegar al fondo de la denuncia, y en caso de ser procedente, se ejecute la destitución de los empleados involucrados, remitiendo la denuncia a los entes fiscalizadores del Estado.

Manifestamos que las autoridades máximas del instituto están comprometidas con los altos estándares éticos y morales que son parte de los valores del gobierno de la refundación.