Recaudación de la Tasa de Seguridad creció a más de 4,356 millones al año

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La recaudación de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), mejor conocida como el “Tasón”, se ha convertido en una fuente importante de ingresos para el Estado, porque va en aumento. Solo el año pasado, el ingreso por este concepto creció en 524.2 millones de lempiras en comparación con el año 2022.

La Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus analizó los ingresos que ha tenido esta contribución especial, que grava las operaciones en moneda nacional y extranjera del sistema financiero nacional y de otros comercios.

Los hondureños esperaban que con esta contribución se cumpliera la promesa del gobierno sobre eliminar la extorsión, los homicidios, controlar las maras y pandillas, el narcotráfico y generar un ambiente de sana convivencia donde los emprendedores puedan abrir sus negocios sin miedo a perder la vida por la delincuencia.

A más de una década de haberse creado este gravamen impositivo, la recaudación ha ido creciendo año con año y, si bien los homicidios han disminuido, el país sigue bajo el control de los extorsionadores, maras y pandillas, homicidas y el narcotráfico.

Datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas (Sefin), por medio de la solicitud de información SOL-SEFIN-2738-2024, revelan que en 2023 la recaudación por este concepto fue de 4,356.1 millones de lempiras.

La cifra es superior en más de un 12% a la del año anterior, es decir, el 2022, cuando la recaudación fue mayor a los 3,831.9 millones de lempiras, estableciendo una diferencia de 524.2 millones de lempiras.

La Ley de Seguridad Poblacional nació mediante el decreto legislativo No. 105-2011, publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de julio de 2011, como de carácter temporal, por un periodo de cinco años, luego se extendió por diez años, hasta quedar establecida de forma indefinida en el año 2018.

Antes del 2022, la Tasa de Seguridad era manejada por el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF), ya que los recursos iban directamente a una institución bancaria privada, donde había representación del gobierno, la empresa privada y sociedad civil.

La distribución de los recursos para las dependencias encargadas de combatir la violencia, inseguridad y garantizar la justicia y los derechos humanos dependía de las decisiones que se tomaran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

En el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se tomó control de esos recursos por medio del acuerdo ejecutivo número 395-2022, que contiene el reglamento para la regulación de la ejecución del decreto legislativo No. 66-2022 relativo a la rescisión y liquidación de los contratos o convenios de fideicomisos.

En el capítulo III sobre el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, Tasa de Seguridad, del artículo 14 al 28, detalla que los recursos serán trasladados a la Tasa Única de la Tesorería General de la República, siendo administrados por Finanzas.

El mismo reglamento, de fecha 4 de agosto de 2022, detalla que la deuda del “Tasón” era de 3,766 millones de lempiras, con una tasa de 11% y 12%, con un plazo de pago hasta el año 2029, además se debían más de 3,000 millones de lempiras a los proveedores.

El “Tasón” se ha convertido en una importante fuente de ingreso para el gobierno, porque la tendencia de recaudación para 2024 también va en aumento, debido a que hasta el 30 de abril sumaron 1,554.7 millones de lempiras.

Para el economista José Luis Moncada, los reportes de recaudación de la Tasa de Seguridad evidencian un aumento en las operaciones bancarias, que es de donde más se deduce esta aportación.

Datos del desaparecido Comité Técnico del Fideicomiso indicaban que en 2012, cuando se comenzaron a percibir recursos por este concepto, los ingresos fueron de 834 millones de lempiras, en el 2013 aumentó a 1,097.73 y así siguió la tendencia hasta aumentar a 4,356 millones en 2023, según Finanzas.

Moncada dijo que los recursos van sumando, “lo malo es que no hay transparencia” por parte de este gobierno, es decir de dónde están y cómo están llegando esos recursos a la Caja Única del Estado y cuál es su distribución.

Consideró que deben haber informes de auditoría e informes por parte de gobierno, donde expliquen cómo es que se están distribuyendo todos esos millonarios ingresos.

Además, las instituciones que reciben estos fondos deben de dar resultados, porque lo que se entrega de Tasa de Seguridad son recursos adicionales de lo que perciben del Presupuesto General de la República.

“La Tasa de Seguridad en el país está creciendo, y no vemos una respuesta concreta a pesar de tener condiciones excepcionales, como la limitación de libertades en algunos barrios, donde todavía continuamos con un índice de violencia bastante fuerte”, expresó.

El promedio de recaudación mensual en el año 2022 era de 319.3 millones de lempiras, mientras que para el 2023 aumentó a 363 millones y de enero a abril de 2024 se manejaba un promedio de 388.6 millones de lempiras.

Para el 2022 los meses que más ingresos generaron fueron noviembre con 403.8 millones de lempiras, en segundo lugar se colocó diciembre con 384.3 millones.

Mientras que en junio, julio, agosto y septiembre se generaron entre 310 y 329 millones de lempiras por mes.

Para el año 2023 los meses con mayor número de ingresos siempre fueron diciembre con 416.1 millones, luego le sigue junio con 380.8 millones, febrero con 375.7 millones y noviembre con 367.7 millones de lempiras, establecen las cifras.

En tanto, para el 2024, el mejor mes de recaudación hasta abril había sido febrero, con 404.7 millones de lempiras, seguido de marzo con 397.6 millones.

Moncada recomendó que tanto la sociedad civil como el Congreso Nacional deberían hacer un diagnóstico de la Tasa de Seguridad y analizar si el impuesto está cumpliendo con los fines planteados. Si no, se suspende.

El problema, según el economista, es que ni el gobierno pasado, ni este han sido transparentes en informar la utilización de los recursos, ni se miran mejores resultados en materia de seguridad, y la recaudación sigue aumentando.

Entre enero de 2022 al mes de abril de 2024, se han recaudado 9,742.8 millones de lempiras, de los que ha tomado control directo el gobierno actual, para destinarlos a temas de seguridad, justicia y derechos humanos por medio de Sefin.

Para el analista Olban Valladeres, la Tasa de Seguridad se instauró en un momento muy crítico para el país, cuando Honduras estaba siendo abatido por la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y todas las calamidades de inseguridad.

Al principio se creía que algún grado de secretividad debería tener el uso de los recursos de la Tasa de Seguridad, pero con el paso del tiempo se descubrió que estos fondos fueron utilizados para una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con la seguridad.

“Es más, con esa secretividad que le habían impuestos llevó a que se cometieran actos de corrupción que la sociedad comenzó a rechazar en toda su magnitud”, lamentó Valladares.

Por ejemplo, las compras de equipo por parte de las Secretarías de Estado, “eso no tiene porque ser secreto, a mí no me importaría que me dijeran cómo se compraron esas unidades blindadas (Sandcat Black Mamba), de las cuales ya se quemó una, si fueron compradas con fondos que fueron debitados al pueblo, específicamente para seguridad”.

Lo malo es que se empiezan a desviar fondos para otros temas que no son específicamente para la seguridad del pueblo hondureño, es por eso que la población tiene que saber en qué se utilizan.

Consideró que esos fondos deben ser para fortalecer los laboratorios de investigación, los laboratorios de criminalística y fortalecer el equipo de seguridad de la gente que anda realizando acciones en contra del crimen, pero deben informarlo con transparencia.

“Eso es lo que la gente quiere saber, pero esa secretividad que le han impuesto y los grados de corrupción que han rodeado a la Tasa de Seguridad, es lo que pone insatisfecho al pueblo hondureño”, condenó el analista.

Sobre los resultados obtenidos con el uso de estos recursos, consideró que es difícil medirlo, porque no hay ninguna fuente de resultados de lo que está pasando, únicamente la población se guía por cifras especulativas, porque muchas cosas no salen a la luz pública.

De acuerdo al Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) de la Secretaría de Seguridad, en el año 2013 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes era de 79, pero al cierre de 2023 fue de 34.02 y al 31 de mayo pasado, era de 10.9.

“De nada nos sirve estar pensando que se ha reducido la tasa de homicidios, que se ha reducido la tasa de asaltos, cuando estamos oyendo todos los días en los medios de comunicación las noticias de actos delictivos, poniendo en duda la efectividad y la aplicación de esos recursos”, sentenció Valladares.

El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, denunció ante el Ministerio Público (MP) el jueves 13 de junio pasado que en el gobierno anterior se cometieron una serie de actos de supuesta corrupción con fondos recaudados para la Tasa de Seguridad Poblacional y de otros fideicomisos.

Señaló que entre los años 2012 y 2022 se ejecutaron alrededor de 30,000 millones de lempiras de forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la Ley de Contratación del Estado.

En el proceso de revisión realizado por Finanzas se encontraron más de 130 contratos sobrevalorados, entre los que se incluye la compra de avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de 4,000 vehículos patrullas, compras de cámaras de seguridad y escáneres en los aeropuertos.

También se adquirieron boletos para conciertos, bebidas alcohólicas, viajes por turismo y tarjetas de crédito para el director del fideicomiso, con un límite de uso de 50,000 dólares.

Además se hizo la contratación de las cámaras para el Sistema Nacional de Emergencia (SNE) 911, por un valor que supera los 4,000 millones de lempiras, mismo que trascendía dos periodos del gobierno y no fue aprobado por el Congreso Nacional.

También hubo pago de coimas de un empresario estadounidense al exadministrador del CTF de la Tasa de Seguridad, Roberto Cosenza, para otorgar contratos de uniformes policiales, siendo extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de activos.

Muchos de los supuestos actos de corrupción señalados fueron denunciados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, de los cuales ya existen expedientes en el MP.