TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Recordar es revivir el dolor y sufrimiento de muchas familias que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia de covid-19.
Honduras jamás podrá borrar uno de los más grandes actos de corrupción cometidos en medio de una crisis que azotaba al pueblo hondureño y el mundo entero: el millonario fraude de los hospitales móviles.
“El día que llevé a mi padre al Seguro Social de La Granja no había sillas de ruedas ni camillas. Lo bajé del carro y pedí auxilio, pero nadie me ayudó. Todos me miraban con mucho miedo”, recordó con lágrimas en los ojos Heidy Espino.
Era el 28 de mayo de 2020, a las 7:30 de la noche, cuando Herman Espino, de 67 años, fue trasladado por dos de sus hijos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“Al respirar, su estómago parecía palpitar más fuerte que su propio corazón. Ese día había gente hasta en el suelo, porque estaba muy saturado. Mi papá no duró ni dos horas, falleció ese mismo día a las 9:00 de la noche”, confesó Espino. Al día siguiente, el cuerpo fue trasladado bajo resguardo de la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
La última vez que Heidy vio a su padre fue cuando ingresó a la sala de covid-19 del Seguro Social; su cuerpo fue reconocido solo por su contextura, lo depositaron en una bolsa negra.
Esta familia es solo una pequeña muestra del sufrimiento que causó el fraude de los siete hospitales móviles, que costaron 47 millones de dólares (1,200 millones de lempiras) y se suponía iban a dar alivio a las familias hondureñas aterrorizadas por el letal virus.
Ahora, seis de esos siete hospitales móviles se han convertido en improvisadas salas para pacientes con dengue. El séptimo ni siquiera está en uso, relegado a la condición de simple bodega.
EL HERALDO, a través de la solicitud de información pública SOL-SDS-4447-2024, conoció que en Francisco Morazán el hospital móvil funciona para atender a pacientes con dengue y realizar cirugías ambulatorias.
El mismo uso (atención a enfermos con dengue) tienen los hospitales modulares de San Pedro Sula, Cortés; Danlí, El Paraíso; Santa Rosa de Copán, Copán; La Ceiba, Atlántida; y Choluteca, Choluteca. Las instalaciones en Juticalpa, Olancho, no están en funcionamiento.
Honduras enfrenta uno de los años más críticos por la epidemia de dengue. Al cierre de julio se contabilizan un centenar de muertes (entre confirmadas y sospechosas) y más de 84,000 casos.
Compras
En el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien paga una condena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) anunció en marzo del 2020 la adquisición de hospitales móviles fabricados en Turquía que iban a “quintuplicar” la capacidad de atención médica en el país para atender la emergencia del momento, con la capacidad de 450 camas. Pero no fueron más que falsas promesas. Pasaron las semanas y los meses, pero los sanatorios modulares no llegaban.
En junio de 2020, Bográn aseguró que, una vez que llegaran los hospitales, la instalación se haría en tres o cinco días porque ya venían con todo integrado adentro.
La demora despertó la alerta en el país. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) descubrió que Invest-H hizo la compra a través de intermediarios y que los fabricantes no estaban calificados, además que las instalaciones y el equipo eran de mala calidad.
