El gobierno de Honduras y diversos sectores de la sociedad volvieron a reunirse este viernes con el presidente Porfirio Lobo para analizar las reformas propuestas por el Ejecutivo a la Ley de Telecomunicaciones.
En esta segundo encuentro se hizo evidente la preocupación de los comunicadores por las medidas en contra de la libertad de expresión y el derecho de las personas a ser informadas.
Los principales reclamos se centraron en la imposición de la censura y las leyes confiscatorias que se contemplan en las reformas que se pretenden aprobar.
El principal argumento de los comunicadores es que de aprobarse la ley, tienen el riesgo de perder sus frecuencias si publican alguna información o dicen algo contrario a la postura de gobierno.
Lobo invitó a los comunicadores, asociaciones de mujeres, indígenas, afrohondureños y miembros de la sociedad para llegar a un consenso en las reformas sin que se afecte la libertad de expresión.
Sin embargo, en la primera reunión fue cuestionado por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, porque se liga el tema de las reformas con las exoneraciones.
En ese sentido, el presidente de Honduras aseguró que no hay propósito escondido en estas acciones, pero afirmó que de no llegar a un consenso, se consultaría al pueblo
en las próximas elecciones generales de noviembre.
“Este es un tema por el que estoy dispuesto a llegar hasta donde ustedes quieran y al final si no podemos ponernos de acuerdo en algo, podemos colocar una urna en las elecciones generales para que la gente diga sí o no, sépanlo que hasta esto estoy dispuesto a llegar con toda sinceridad', comentó Lobo.
La propuesta fue presentada por la organización no gubernamental Comité para la Libre Expresión (C-Libre) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con la participación de la Asociación de Prensa de Honduras (APH), la coordinación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y un consejo de notables.
El documento plantea la reforma de los artículos 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 27, 29, 30, 39, 41, 43, 46 y 49 del decreto Legislativo 185-95 que contiene la Ley Marco de Telecomunicaciones.
Dicha propuesta establece cambios en el manejo de los servicios de las telecomunicaciones y nuevas regulaciones que amenazan aspectos como la libertad de expresión y la seguridad jurídica, entre otros aspectos.
Desde las 9:00 de la mañana representantes de los diversos sectores fueron recibidos por el presidente Lobo y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, en el Salón de Retratos de Casa de Presidencial.
