Activistas de Centroamérica y Haití unieron sus fuerzas y rogaron el miércoles compasión al presidente Donald Trump para que extienda un beneficio temporal que protege a cientos de miles de sus compatriotas hasta que el Congreso apruebe una ley que les conceda una residencia legal permanente.
“Queremos llevarle un mensaje a Trump para que por compasión se les dé (a los centroamericanos) una nueva oportunidad para ampliar el TPS”, dijo Francisco Portillo, líder del Movimiento Hondureño Francisco Morazán, refiriéndose al estatus temporal que protege a salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos.
Portillo anunció asimismo que enviarán unas 20.000 tarjetas postales a Trump expresándole que “es urgente que apruebe una extensión del TPS”.
Los activistas formularon sus declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en un restaurante hondureño del vecindario de la Pequeña Habana, donde conviven centroamericanos y cubanos.
El pedido tiene lugar una semana después que el gobierno de Trump anunció que renovaba el TPS para los 58.000 haitianos que gozan de ese beneficio desde el terremoto de 2010 sólo por seis meses, y no por los 18 meses a los que solía extenderse durante la administración de Barack Obama.
El secretario de Justicia John Kelly destacó al informar sobre la extensión que se trata de un estatus temporal y que por lo tanto los haitianos necesitan preparar los documentos y sus cosas durante estos seis meses, antes de su partida. Dijo asimismo que es el Congreso el que debe decidir si les da un estatus permanente, pero hasta ahora es incierto cómo actuará esa institución.
El anuncio y las propuestas restrictivas sobre migración legal e ilegal que alienta la actual administración mantiene preocupados a los centroamericanos protegidos por el TPS: unos 260.000 salvadoreños, 86,000 hondureños y 5,000 nicaragüenses.
El TPS vence en enero del 2018 para los hondureños y nicaragüenses, y en marzo para los salvadoreños. Nicaragua y Honduras fueron amparadas en 1999, tras la destrucción provocada por el huracán Mitch, mientras que El Salvador recibió esa designación en 2001, después de una serie de terremotos.
“Sería una injusticia del gobierno de Trump negar la extensión del TPS”, dijo Roger Castaño, dirigente de Comisión Permanente de Derechos Humanos, una agrupación nicaragüense con sede en Miami. “Vamos a luchar para que se mantenga el TPS mientras el Congreso da una reforma migratoria integral” que le dé un estatus legal permanente a estos inmigrantes, expresó.
El viernes el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo en Miami que el estatus temporal está en la mesa de conversaciones con Estados Unidos y expresó su confianza en que será renovado, aunque indicó que es una potestad del gobierno de Trump.
La próxima semana los presidentes del llamado Triángulo del Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— se reunirán con el vicepresidente Mike Pence en Miami en una conferencia convocada por Estados Unidos y México y se espera que aborden el tema del TPS.
Portillo dijo que activistas de Honduras y El Salvador se reunirán con las autoridades de su país con motivo de esa cumbre para trabajar también de manera conjunta en busca de la renovación del estatus temporal.
Para Rosa Oseguera, una hondureña que junto a su esposo salvadoreño está protegida por TPS desde finales de los 90, la preocupación es extrema porque tiene dos hijos estadounidenses y no se imagina que futuro podría darles en Honduras. “Espero que el presidente Trump tenga compasión... se ponga la mano en la conciencia y nos ayude”, expresó la mujer acompañada de su hija de seis años.
