Comayagüela, Honduras
Patrullajes de militares, revisiones de mochilas y un ambiente de incertidumbre se vivió este martes en los pasillos del Instituto Saúl Zelaya Jiménez, ubicado en la colonia Flor del Campo de Comayagüela.
El centro educativo fue militarizado, como medida preventiva después de que los docentes se negaran a impartir clases mientras no se garantizaran medidas de seguridad para ellos y los alumnos.
El ingreso de pandilleros a las instalaciones, las amenazas a docentes y la distribución de drogas obligaron a las autoridades de Educación a crear una alianza con los cuerpos de Seguridad del país para que retornara el orden en el instituto.
Marlon Escoto, ministro de Educación, explicó que el proceso de militarización es una medida temporal que se mantendrá hasta abril, cuando se prevé el ingreso de un equipo de seguridad privada en la institución.
“La intervención de las autoridades de Seguridad será un acompañamiento hasta abril, como una primera etapa para salvaguardar la vida de los estudiantes. En abril ingresa un equipo de seguridad privada al instituto”, explicó.
El funcionario aseguró que se trabajará en un proceso integral con las autoridades del instituto, la asociación de padres, los estudiantes y entidades defensoras de los derechos humanos, pues no se debe dejar por alto el hecho de que se trata de menores de edad, estén o no involucrados con grupos de asociación ilícita.
“La inseguridad es una realidad en las zonas de mayor conflictividad, en mayor o menor grado los colegios son presionados por los delincuentes. La Secretaría de Seguridad conoce los detalles y lidera estos procesos para salvaguardar la vida de los jóvenes”, argumentó.
El proceso
Para los estudiantes del instituto, la medida fue tomada en su mayoría como positiva, pues aseguran que en los pasillos era común ver delincuentes amedrentando a los maestros o siguiendo a sus compañeros.
“Da un poco de seguridad, lo malo es que esperaron hasta que ya las cosas estaban muy mal. Esperamos que no sea cuestión de un momento, sino que permanente”, afirmó un joven, quien omitió su nombre por temor.
Hernán Fuentes, director del centro educativo, aseguró que era una medida necesaria y que esperan que la seguridad se mantenga de forma permanente.
“Es un colegio grande de 2,400 estudiantes, de 185 maestros que en tres jornadas deben lidiar con la inseguridad. Es por ello que necesitamos de un apoyo permanente”, dijo.
Mientras tanto, en los pasillos un equipo de 25 efectivos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) realizaban patrullajes a pie al interior del instituto y en unidades motorizadas en los alrededores del edificio.
Mario Rivera, portavoz de la PMOP, informó que los patrullajes se mantendrán hasta que salga el último maestro y alumno de impartir o asistir a sus clases.
“Este es un operativo permanente, tenemos órdenes precisas de mantener la seguridad. Pedimos confianza a los alumnos, maestros y padres de familia. Pueden interponer sus denuncias al 2276-3400, extensión 6002, que estará habilitado las 24 horas del día”, instó.
Durante el despliegue de seguridad no se reportaron como incidencias la detención de dos jóvenes en posesión de marihuana en las cercanías del instituto.
Asimismo, la identificación de signos y los denominados “placazos de maras” en las paredes de los talleres y áreas comunes del centro.
A la vez, los elementos del orden solicitaron a las autoridades del instituto que extiendan un carné de identificación a cada uno de los estudiantes, ya que en los requerimientos detectaron que no los poseen.
Ola delictiva
El ingreso de los grupos criminales en los centros educativos no es un tema nuevo en la capital. En 2014 se inició un proceso de resguardo con mujeres policías en 25 escuelas ubicadas en colonias de alta incidencia delictiva como El Pedregal.
Actualmente, otros dos centros educativos permanecen bajo el resguardo permanente de efectivos de la PMOP; el Instituto Jesús Aguilar Paz, ubicado en el barrio Perpetuo Socorro, y el Reynaldo Narvaez Rosales de la colonia Las Torres.
En ambos institutos, los directores afirman que el envío de militares a resguardar las instalaciones o el perímetro, a diferencia del Zelaya Jiménez, no fue solicitada por ellos, sino que fue una determinación de las autoridades.
Claudio Casco, director del Jesús Aguilar Paz, reveló que llevan tres años bajo el resguardo permanente de dos militares en los accesos al instituto.
“Ahora se han mejorado mucho las condiciones de seguridad en el colegio, el envío de los militares fue una decisión de las autoridades por los problemas de seguridad en el barrio”, afirmó.
En el caso del Instituto Narvaez, la subdirectora Nely Suazo aseguró que ellos no han pedido seguridad y los militares han llegado por el tema de la inseguridad en el sector de El Hoyo, en la colonia Las Torres.
En el centro se forman 850 estudiantes en tres jornadas, las instalaciones se ubican al final del sector, donde el pasado fin de semana unas 20 familias abandonaron sus hogares, después de recibir una misiva en la que supuestos mareros les daban 24 horas para desalojar.
El lugar fue militarizado y, según las autoridades de la PMOP, a la fecha 18 de las 20 familias que habían abandonado sus hogares ya regresaron.
Bajo amenaza
Empero, los problemas de inseguridad en los institutos públicos son una olla de presión que las autoridades de Educación tratan de mantener bajo control.
Miguel Gómez, director departamental de Francisco Morazán, reveló que tienen denuncias de cuatro institutos de la capital que enfrentan problemas de seguridad .
“No puedo revelar los nombres porque estamos bajo un proceso de investigación de las denuncias e incluso hay maestros y personal administrativo de las instituciones bajo amenaza que han pedido ser trasladados por este tema”, afirmó.
En su escueta declaración, Gómez aseguró que la Secretaría de Seguridad trabaja para brindar el respaldo necesario a las autoridades de los centros educativos que padecen estos problemas.
Mientras se definen estrategias, los estudiantes parecen ser el blanco de los grupos criminales
