TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Judicial informó que se logró inspeccionar 256 expedientes del circuito del Juzgado de Letras en materia de criminalidad organizada, medioambiente y corrupción como parte de la intervención ordenada por Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Entre los hallazgos más relevantes, se encontró la reprogramación injustificada de tres audiencias preliminares de casos relacionados a tráfico de drogas, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de uso prohibido y contrabando.
A su vez, se descubrió que personas fueron favorecidas con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva en casos de lavado de activos, tráfico de influencias y asesinato. En estas se dictó la constitución de garantías hipotecarias a favor del Estado de Honduras, pero no hay constancia de que se haya inscrito el respectivo gravamen en el Instituto de la Propiedad.
De los 256 expedientes inspeccionados, 127 son contentivos de requerimientos fiscales, 90 de diligencias previas y 39 de causas remitidas o acumuladas en otros órganos judiciales de la misma materia como el Tribunal de Sentencia, Corte de Apelaciones Penal y Juzgados de Ejecución.
El próximo lunes continuará la segunda etapa de la intervención, reanudando la supervisión de 52 expedientes faltantes de 2024 y 2023.
En esta segunda etapa se realizará la derivación de las denuncias individualizadas que se encuentren producto de las investigaciones.
En la tercera fase, se llevará a cabo el proceso disciplinario por parte de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial y, si existieren indicios de responsabilidad penal, la remisión de expedientes al conocimiento del Ministerio Público.
Finalmente, en la cuarta fase, se implementarán recomendaciones y acciones de mejora.
La intervención de este circuito judicial surgió tras darse a conocer que Marco Vallecillo, excoordinador del juzgado en esta materia, está siendo acusado por el Ministerio Público de extorsionar a un testigo protegido.
