¿Trump puede aplicarle pena de muerte a narcos hondureños? Esto dicen las leyes y analistas

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la pena de muerte a narcotraficantes fue parte de la campaña del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expertos ven poco viable su aplicación a los extraditados hondureños debido a las restricciones legales.

No obstante, no deja de crear incertidumbre, dado que el republicano se caracteriza por aplicar métodos poco ortodoxos para cumplir sus propuestas de campaña y al antecedente en que 2019 reactivó la medida después de que estuviera paralizada en al menos dos décadas.

“Pena de muerte para los narcotraficantes y cualquiera culpable de tráfico sexual de niños y mujeres, que está sucediendo en cifras masivas, y también pedimos una contundente pena de muerte para quien mate a un agente de policía”, manifestó Trump el pasado septiembre en un mitin ante la Fraternidad de Carolina del Norte.

Ante este escenario, expertos nacionales e internacionales consultados por EL HERALDO aclararon que la propuesta de Trump primero debe tener la aprobación del Senado y el Congreso.

“Se tienen que cambiar las leyes federales para permitir que a una persona le puedan aplicar la pena de muerte, pero no creo que pase porque los congresistas (de Estados Unidos) tienen familiares que venden droga”, analizó Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Aparte de eso, no se puede aplicar la pena de muerte a hondureños que han sido condenados porque ya un juez federal les dictó la sentencia”, aclaró.

A Vigil se le consultó expresamente si la pena de muerte puede aplicarse a hondureños y otros extranjeros que sean acusados en Estados Unidos.

Respondió: “Sí, si aplica para ellos, pero solo si son acusados por los Estados Unidos y si se les comprueba que también participaron en algún homicidio. Pero si no son acusados por homicidio, pero sí por narcotráfico, entonces no procede”.

Vigil hace referencia al Título 21, Sección 848 del Código de los Estados Unidos, que establece que se puede aplicar la pena de muerte al cumplirse ciertas agravantes, como cuando una persona acusada es identificada como jefe de una agrupación de narcotráfico y, a su vez, ordenó o participó en el homicidio de una o más personas.

Cabe aclarar que el contexto anterior aplica para estos delitos federales, pero cada estado también tiene su propia regulación y define si la ejecución del culpable entra como pena de castigo.

En el Título 21, la pena de muerte que pretende promover Trump es algo que nunca sucederá porque el Congreso estadounidense no lo aprobará, coincidió Ricardo Puerta, analista internacional.

“Eso solo es show político, esa es mi impresión. Eso solo es un deseo, pero no tiene la institucionalidad para lograrlo. Pero claro que aquí en Honduras eso generará incertidumbre porque ellos (los estadounidenses) presionan hasta conseguir lo que quieren”, percibió Puerta.

Sin embargo, en 2019, durante su primer mandato, Trump ordenó reactivar la pena capital para condenados por delitos federales. Entre mediados de julio de ese año y diciembre de 2020, tras una larga batalla legal, en Estados Unidos había programado 13 ejecuciones por delitos federales.

EL HERALDO consultó con el gobierno hondureño sobre la promesa de Trump, pero se manifestó que para Honduras no procederá por dos razones: porque el Tratado de Extradición no lo permite y porque este tratado fue denunciado.

“El Tratado de Extradición que Honduras firmó estipula que la pena de muerte no será aplicada, así que el tratado prohíbe que la persona sea ejecutada, ya que el país que extradita no la tiene. Por lo tanto, no afectaría en nada”, explicó el vicecanciller Antonio García.

Sin embargo, un repaso en el acuerdo firmado revela que no hay ningún artículo que haga alusión tácita a lo mencionado por García. En todo caso, el tratado sostiene que no se puede juzgar a nadie por un delito que no existe en la jurisprudencia del país que reclama una extradición.

Sin embargo, analistas hondureños ven esta situación con preocupación debido a que en Estados Unidos los republicanos ganaron el Congreso y ese país hostiga al resto de naciones para lograr lo que quiere.

El experto en gestión política de Estados Unidos, Carlos Urbizo, externó que esto debería preocupar, pero “cada estado tiene su propia Constitución y además algunas leyes en Estados Unidos son potestad de cada uno de sus estados”.

“Yo estoy en contra de la pena de muerte, además de que soy católico. Si Trump aprueba eso, el gobierno de Honduras debe solucionarlo de acuerdo a su marco legal”, dijo Urbizo, también precandidato presidencial por el Partido Nacional (PN).

Estados Unidos es de los países que no respeta los derechos humanos internacionalmente, lamentó el experto en materia penal Francisco Pascua.

“Estados Unidos no respeta algunos estándares de derecho penitenciario o el principio de humanidad en la pena, el principio de proporcionalidad, ya que Estados Unidos impone penas de muerte o penas capitales, siendo esas penas prohibidas por más de tres décadas”, reprochó Pascua.

También advirtió que el país norteamericano “no es suscriptor ni ratifica tratados internacionales como el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto, Estados Unidos no respeta esos estándares”.

Explicado lo anterior, pero con las alarmas encendidas, según expertos, la situación para los condenados y los que seguirán siendo condenados en Estados Unidos será igual.

Casi 70 hondureños han sido procesados y condenados en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos relacionados.

Con la llegada de Donald Trump, quien asumirá el 20 de enero de 2025 como presidente norteamericano, la situación para los hondureños condenados será igual. Aunque no descartan un posible beneficio para el expresidente Juan Orlando Hernández, más conocido como JOH.

De acuerdo con los expertos hondureños, la política exterior de Estados Unidos permite que JOH pueda negociar su condena, y en estas circunstancias le favorece que fue un aliado de Trump cuando ambos fueron presidentes en sus respectivos países.

“En Estados Unidos no existen penas escritas en piedra y existe una figura que se llama la resentencia, que es cuando el expresidente va a prestar alguna información para investigaciones y apoyar a la fiscalía de Estados Unidos”, explicó Marlon Duarte.

Al respecto, Ana García de Hernández, esposa de JOH, declaró al programa Frente a Frente el viernes pasado que el equipo del exmandatario sigue comprometido por demostrar la inocencia de su cliente a través de las instancias judiciales, por lo que no contemplaban acudir a un perdón del nuevo gobernante estadunidense.

El escenario que favorecerá al exmandatario hondureño implica también llegar a acuerdos con la administración de Trump y, que a su vez, pueda servir para su visión de la política exterior.

Mientras tanto, la situación seguirá igual con los capos hondureños. El gobierno no ha reculado con la denuncia al tratado de extradición y Trump tomará posesión el próximo 20 de enero de 2025.