FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El sábado 1 de julio entró en vigencia la Ley SB 1718, que castiga con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden, en el estado de Florida en Estados Unidos.
La normativa obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de los obreros, con penas de multas y pérdida de licencias.
A su vez, los hospitales que aceptan el seguro médico público deberán preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no.
Por tal razón, miles de hondureños han optado por dejar Florida y mudarse a otros estados, tal como afirmó el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores.
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“En el estado de Florida han habido unos 200 mil hondureños y empresas grandes despidieron a muchos empleados por el temor de que la ley les pudiera sancionar sus empresas, son más de 30 mil hondureños los que se han movilizado de Florida”, reveló Flores.
El líder hondureño en EUA comentó que “antes de entrar en vigencia, ya la ley había hecho un impacto en el inmigrante porque tenemos información de que el 35% de los inmigrantes hondureños decidieron irse del estado de Florida y buscar un estado que sea más abierto a los migrantes, algunos se fueron a Carolina del Norte y otros para Atlanta”.
En tanto, el canciller Eduardo Enrique Reina no desvirtuó ni afirmó que más de hondureños ha salido de Florida, pero sí recalcó que “será una ley cruel y además dramática que va a provocar casi un éxodo de miles de personas que van a salir a buscar oportunidades en otros lugares”.
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Reina comentó que la Cancillería poco puede hacer ante la situación, pues es una ley que se debe cumplir en Florida.
“Lo más que podemos hacer es tratar de paliar apoyando a nuestros inmigrantes en lo que podamos, en su documentación, en lo que sea necesario, y como le digo, a pesar de que nuestros documentos no sirven de mucho cuando no hay un permiso de trabajo y las personas serán multadas o serán sacadas del estado o deportadas”, dijo.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) mediante un comunicado precisó que “la SB 1718 hace la vida más difícil para los aproximadamente 775,000 inmigrantes indocumentados de Florida, a sus empleadores y familias”.
Esta normativa es impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien aspira a la candidatura presidencial.
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