Barrio 18, el otro grupo que domina Olancho: “Ellos son los obreros de los narcotraficantes”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hablan con los modismos del municipio. Algunos se visten como agricultores, mientras que otros son más casuales. Y entre la muchedumbre pasan desapercibidos.

Los pandilleros del Barrio 18 a simple vista se ven personas comunes y corrientes, lo que hace difícil de sospechar que están al servicio de la criminalidad.

Y pese a sus fechorías, conocidas en los municipios en los que habitan, pero que nadie cuestiona, la población los considera parte de la garantía de la seguridad.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recorrió varios municipios de Olancho, como Esquipulas del Norte, Jano, Guayape y Juticalpa, zonas en donde sigilosamente el Barrio 18 ha establecido sus tentáculos para extender su poderío.

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Esquipulas del Norte, a unos 330 kilómetros al norte de Tegucigalpa, es un municipio similar a otros de la nación: caluroso, solo el centro está pavimentado, sus ingresos están basados en la agricultura y la mayoría de sus habitantes son extremadamente pobres.

Pero la presencia del Barrio 18 lo hace singular. Aunque sus autoridades ni los pobladores lo mencionan, en el centro del municipio, a un costado del parque está la señal que marca el territorio: un 18 en dígitos y uno en números romanos.

Podría tratarse de un simple graffiti mal elaborado o básico porque no es el que se conoce comúnmente, pero es la señal de que el Barrio 18 está allí, infiltrado entre los pobres, conviviendo con los campesinos, haciendo sus negocios y, en algunas situaciones, siendo los obreros de los capos de la droga.

“Ni cuenta se da uno, pero ellos vigilan todo”, dice Alí Flores (nombre ficticio), un poblador de Esquipulas del Norte.

“Aquí tenemos a dos clases: los narcotraficantes, que son los que mandan, y los mareros, que son los obreros de ellos. Ellos no se meten con nosotros, con el pueblo, porque los narcos no lo permiten”, añade cuchicheando.

En ese momento, mientras Alí cuenta sobre La 18, él identifica a uno que pasa en frente a su casa en una motocicleta.

Alí no se intimida, se muestra amigable y saluda. Espera a que pase para seguir contando lo que sabe: “Ni parece, ¿verdad?”.

En efecto. Un hombre de unos 35 años, de contextura delgada, piel trigueña, sin tatuajes y de apariencia que ha sido alguien que ha trabajado mucho.

Las labores (según los pobladores) de los integrantes del Barrio 18 son cometer determinados homicidios e interactuar con los oficiales policiales cuando los capos envían órdenes.

Pero claro, ellos también tienen su propia asignación: tratar de expandir su estructura para mantener el corazón de la pandilla.

“Trafican con armas, cobran extorsión a personas o empresas en específicas de Olancho y se encargan del narcomenudeo”, dice un oficial de policía de Olancho resignado a no más que observar las actuaciones criminales.

El control es tan notorio, dicen los policías, que a menudo realizan retenes en las salidas de cada municipio cuando los mareros quieren cerciorarse de quién entra o de quién sale en los vehículos que transitan y también para saber qué portan.

Para los alcaldes la situación también es clara: “Las autoridades no tenemos poder, son los narcotraficantes y los mareros los del mando”, lamenta Steven Cárdenas (nombre ficticio), uno de los 23 ediles del departamento más grande de Honduras.

“¿Quién tiene las armas?”, ¿quién tiene el dinero?”, pregunta Steven. “Quien tiene eso tiene el poder”.

Los policías dicen que el control que tienen los pandilleros en las urbes ya no solo es cuestión de las grandes ciudades, es también un problema de los municipios más pobres.

“Es vital el poder. Entre más control del territorio es mejor para ellos”, comenta el edil.

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La seguridad que La 18 mantiene en los municipios de Olancho ha provocado que la población confíe en ellos, una situación que, según analistas, denota la podredumbre del tejido social de Honduras.

“Nosotros pasamos tranquilos aquí; al final eso es lo que valora uno”, confiesa Francisco Ramos, el dueño de una pulpería en Olancho.

Como dice Francisco, los casos se pueden multiplicar por centenas. “A veces si una persona necesita algo ellos le ayudan”, cuenta una trabajadora de una de las alcaldías de Olancho.

Pero, para el subdirector de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Eduardo Lanza, la confianza que tiene la población en las estructuras criminales es el reflejo de un problema social.

“El tejido social está dañado. Así como hay generaciones de buenas personas, también hay generaciones de malas”, considera.

“Hay otro factor, aparte de la seguridad que hacen que las personas tengan confianza en ellos: que les dan dinero o trabajo”, agrega.

Pero Lanza, que lamenta que la población no considere a las fuerzas de seguridad como, la salvaguarda dice que la Dipampco, oficializada el pasado 22 de julio.

“La idea es que la población reviva la confianza en la Policía Nacional porque es contraproducente que se esperancen en criminales”, plantea. Las autoridades en Honduras deberán responder (más que con discurso) con acciones para que los habitantes se sientan seguros.

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