Productores burlados y deuda por más de $ 8.7 millones deja cierre de línea de crédito para riego de Jamastrán

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Honduras es un país pobre con serias dificultades en materia de seguridad alimentaria. Pese a ello, por falta de capacidad de ejecución de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el gobierno ha cerrado la línea de crédito de 26.5 millones de dólares (651.1 millones de lempiras) que en 2014 aprobó el Exim Bank para el proyecto de riego del valle de Jamastrán.

De este monto, la SAG, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, utilizó 8.7 millones de dólares. El dinero se desembolsó a favor de la empresa india Apollo Internacional por unas cintas de riego y unos equipos de perforación de pozos que trajo al país en el 2017 y que desde entonces se pudren en un predio privado, ubicado en el sector oriental conocido como El Empalme.

Desde este proyecto adjudicado en el 2015, bajo la modalidad de “llave en mano”, los productores no recibieron ni una tan una sola gota de agua en sus parcelas. El cierre del crédito es el resultado final de una obra que fue entregada a través de un proceso de licitación poco transparente y con vicios de corrupción.

Con los años, su implementación cayó en un desorden técnico, legal y administrativo que cuatro ministros de agricultura no lograron remediar; a tal grado que el contrato venció el 2 de noviembre de 2022, sin que el gobierno actual mostrara mayor diligencia para ejecutarlo, o al menos reclamar una de las garantías para resarcir parte de los daños causados al Estado.

La salida más fácil fue pedir a Finanzas que mejor solicitara al Exim Bank de la India, el cierre de la línea de crédito.

EL HERALDO se comunicó con la ministra de Agricultura, Laura Elena Suazo, quien manifestó que en los próximos días dará a conocer todo lo relacionado a la situación que atraviesa el mencionado proyecto.

No obstante, dos fuentes vinculadas a la Secretaría de Agricultura confirmaron que en efecto esa institución le pidió a Finanzas que solicitara al prestatario cerrar el préstamo, a lo cual la entidad financiera accedió confirmando el cierre. “El préstamo ya está cerrado, es un hecho real”, dijo una de las fuentes.

Sobre el cierre de la línea de crédito, este medio consultó a Finanzas, a través de Relaciones Públicas, y la respuesta fue: “me dijeron que ya una persona está en la gestión”.

Después de ocho años de la adjudicación de la anhelada obra, hoy únicamente le queda al Estado una deuda de 8.7 millones, suma que podría elevarse en los próximos días, según la liquidación a que llegue la SAG y Apollo.

De igual manera, en la zona oriental quedan burlados unos 800 agricultores, así como un par de dirigentes de la Asociación de Regantes beneficiados con las canonjías que les dio el gobierno anterior para callar el desastre.

Como rastro, también quedan cinco pozos perforados, de los cuales en tres no se encontró agua subterránea.

Por otra parte, la fallida iniciativa sirvió para mostrar más la parsimonia con que los entes contralores luchan contra las ilegalidades y la corrupción.

Es tal que a la fecha el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) todavía no presenta el informe de una auditoría que conjuntamente con la SAG le realizó a la parte ejecutada del proyecto, por lo tanto, no hay notificación de pliegos de responsabilidad a quienes tienen que ver con el fracaso del riego.

De acuerdo con información facilitada en el ente controlar, una vez que esta institución conoció el documento, lo envió nuevamente a firma del auditor interno de la Secretaría de Agricultura, pero como ahí no se ha nombrado auditor interno no hay quien lo firme.

Actualmente la SAG y Apollo realizan el proceso de liquidación. El contratista informó que de los 8.7 millones recibidos gastó 4.2 millones de dólares en tubería emisora (cintas de riego), 718 mil dólares en equipo de perforación y 231 mil dólares en accesorios para equipos de perforación, para una suma de 5.2 millones de dólares.

Se desconoce cómo justifica se los 3.4 millones de dólares restantes para cuadrar el desembolso. Además, como 1 de julio de 2022 reinició ciertos trabajos, los cuales luego suspendió, la empresa también está cobrando cinco facturas por alrededor de 2,422,933 dólares (unos 59.7 millones de lempiras) de materiales que trajo a Puerto Cortés y que la SAG no ha pagado su desaduanaje.

De la misma manera presenta otra factura por 93,004 dólares solamente por los materiales con que construyó una bodega en el centro experimental Las Acacias, Jamastrán.

Ahora, para la extensión del finiquito ambas partes deberán decidir quién va a pagar esas cuentas pendientes. Si el gobierno se hace responsable, ¿de dónde va a salir ese dinero, si ya cerró la línea de crédito?, cuestionaron productores de la región oriental.

Pero las obligaciones no terminan ahí, Apollo tiene otras deudas relacionadas con los pocos trabajos de campo realizados y hasta con su representante legal, a la que despidió sin pagarle sus derechos laborales y sin retirar su nombre del Registro Mercantil.

En una nota que Héctor Ordóñez, gerente de Maquinaria del Pacífico (Mapa), le envió el 6 de agosto reciente a la ministra de la SAG le dice que mientras la empresa hindú no les pague, los pozos perforados en el Benque y Jutiapa, Jamastrán, son de su propiedad.

“Estamos al tanto que estos trabajos están entrando en las negociaciones entre SAG y Apollo International. Por lo tanto, le sugerimos no aceptar, reconocer ni tomar posesión de nuestros pozos hasta que se de una resolución”, dice la nota enviada a Suazo.

Ordóñez reclama 55,161.73 dólares (1,362,500 lempiras) por los trabajos realizados y 16,548 dólares, (unos 408,748 lempiras) por concepto de intereses. En el escrito, Ordóñez le pide a la SAG y a los productores no tomar posesión de la obra porque está procediendo con una demanda.

Por otro lado, el ingeniero Dagoberto Godoy Martell le cobra a los hindúes 31,324.44 dólares por los servicios de construcción y montaje del almacén de carpas y por la construcción y lavandería-baños en el centro experimental Las Acacias.

Ramón Chacón, vicepresidente de la Fundacion de la Sociedad Civil para el Desarrollo de Oriente (Fundeoriente), lamentó la negligencia de las autoridades de la SAG para llevar a cabo el proyecto de riego en Jamastrán.

“La Cámara de Comercio, la sociedad civil, los productores y la Alcaldía (Danlí) en conjunto hemos estado empujando este proyecto; nos hemos reunido con la ministra de Agricultura, con el Tribunal Superior de Cuentas, pero no hay respuesta...es el colmo que hayan dejado vencer el contrato y las garantías”, deploró.

Dijo estar sorprendido por la noticia del cierre de la línea de crédito porque hace unos días se reunieron con las autoridades del TSC y funcionarios de la Secretaria de Agricultura y no les dijeron que iban a cancelar la línea de crédito, sino que se estaban haciendo las gestiones para reactivar el proyecto.

Según Chacón, toda la gente de la zona oriental está indignada por el fracaso de esta iniciativa, después que costó tanto obtener el préstamo para ejecutarla. El vicepresidente de Fundeoriente, quien en el 2014 era diputado del Congreso Nacional por el departamento de El Paraíso, recordó que a partir de la entrega del anticipo de 8.7 millones de dólares al contratista, el préstamo comenzó a correr intereses.

Explicó que solo por el anticipo, el Estado hondureño tenía que pagar un dos por ciento anual, lo cual equivale a unos cuatro millones de lempiras por año. Además, el contrato del préstamo establece que por el resto de los fondos que están reservados el gobierno debe cancelar una comisión del 0.5 por ciento, anual, o sea unos seis millones de lempiras al año. “A siete años, estamos hablando de unos 42 millones de lempiras”, calculó.

Chacón señaló que la gente de la SAG por más sugerencias que se les dio no entendió, lo cual solo dejó como resultado un proyecto fracasado y una comunidad de agricultores en precarias condiciones.