Secretaría de Seguridad recibe el 60% de los ingresos del “Tasón”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Seguridad ha recibido más del 60% de los recursos que han sido distribuidos por la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) entre junio del año 2022 y abril de 2024, es decir, desde que dejaron de operar los fideicomisos.

Junto a la entrega de esos fondos, se ha visto cómo esta dependencia del Estado ha pagado por alquiler de aviones, helicópteros y camionetas blindadas. También ha comprado armamento y equipo de inteligencia, más la adquisición de las Sandcat Black Mamba, de las cuales una tuvo que ser reemplazada porque se quemó.

La Unidad Investigativa y de Datos de EL HERALDO Plus evidenció por medio de la solicitud de información SOL-SEFIN-2738-2024, realizada a la Secretaría de Finanzas (Sefin), que son millonarias cantidades que están recibiendo varias instituciones con el fin de contrarrestar la inseguridad en el país.

En 2022, a partir del 16 de junio, la Dirección General de Fideicomisos de Sefin asignó los recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, más conocida como “Tasón”, a diferentes agencias del Estado, con el fin de mejorar los niveles de seguridad, justicia y derechos humanos en el país.

Fue así que entre el 16 de junio al 31 de diciembre de 2022, la Secretaría de Seguridad recibió 736.1 millones de lempiras, mientras que la Secretaría de Defensa fue la segunda con mayor desembolsos: 256.56 millones. En tercer lugar está la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) con 164.54 millones de lempiras.

En ese tiempo, las agencias del Estado que menos recibieron fondos fueron el Ministerio Público (MP), con 53.52 millones de lempiras; la Sefin con 12.72 millones, y la Secretaría de Derechos Humanos con 10 millones de lempiras.

En total fueron entregados 1,233.4 millones de lempiras, pero la Secretaría de Seguridad fue la que más recursos recibió, representando el 60% del total, establecen las cifras analizadas por EL HERALDO Plus.

En 2023, todos los recursos de la Tasa de Seguridad fueron depositados a la Caja Única del Estado, y así la Secretaría de Finanzas comenzó a desembolsar directamente a las instituciones.

La Secretaría de Seguridad también fue la prioridad en la asignación de los recursos del “Tasón” en 2023, pues de los 3,692.8 millones de lempiras asignados, 2,198.4 millones fueron para esa institución, lo representaba el 60% del total.

En el análisis se tomaron como referencia los montos ejecutados, ya que en la información que proporcionó Sefin no aparece el monto aprobado para cada una de las instituciones beneficiadas en ese año.

La Secretaría de la Presidencia fue la segunda institución que más recursos de la Tasa de Seguridad obtuvo en el 2023, a la que se le hicieron dos millonarios en desembolsos.

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, a esta institución primero le desembolsaron 467.4 millones de lempiras, mismos que fueron ejecutados en el Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911.

El segundo reporte de dinero ejecutado fue de 126.3 millones de lempiras, haciendo un total de 593.7 millones de lempiras, que representaban el 16% de los recursos obtenidos por el cobro de esa tasa impositiva.

Si bien no es una institución, el pago de la deuda pública que tiene la Tasa de Seguridad es la tercera partida con más recursos asignados, sumando más de 457 millones de lempiras, que representan el 12.38% del total asignado.

Según la respuesta de la Sefin, estos recursos correspondían a los préstamos con la banca privada, debido a que la deuda fue reconocida y absorbida por la administración central como parte del proceso de liquidación de los fideicomisos.

Por su parte, la Secretaría de Defensa ejecutó en 2023 un total de 389.5 millones de lempiras que fueron divididos en cinco partes: la primera fue para el Comando de Operaciones por 235.1 millones de lempiras.

La segunda entrega fue por 13.2 millones de lempiras destinados para la Guardia de Honor Presidencial; también se asignaron 125.1 millones de lempiras para la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

De los otros dos montos asignados, uno fue para el Ejército, por 12 millones de lempiras y cuatro millones más para la Policía Militar del Orden Público (PMOP), establecen las cifras.

Mientras que al Instituto Nacional Penitenciario (INP) se le asignaron 18.8 millones de lempiras y la Secretaría de Asuntos de la Mujer tenía un presupuesto vigente de 19.8 millones y ejecutó 17.7 millones.

La Secretaría de Derechos Humanos, por su parte, tenía un presupuesto vigente de 20 millones de lempiras para el 2023, aunque solo logró ejecutar 8.7 millones, es decir, el 43% de lo asignado.

La institución que menos recursos percibió fue el Poder Judicial, con 8.5 millones de lempiras, quedando por fuera el Ministerio Público, según las cifras proporcionadas.

Los datos de la Sefin indican que en el 2023 se ejecutaron 3,692.8 millones de lempiras, mientras que la recaudación fue de 4,356.1 millones, existiendo una diferencia de 663.3 millones de lempiras aproximadamente.

EL HERALDO Plus le consultó al titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Marlon Ochoa, sobre estos recursos faltantes y respondió, vía mensaje de WhatsApp, que “toda asignación presupuestaria con fuente 11, Tesoro Nacional, que no se ejecutó en el ejercicio fiscal, se utiliza con las operaciones de liquidación del cierre de ejercicio”.

Lo anterior en cumplimiento al artículo 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto, donde establece que el presupuesto de cada ejercicio fiscal se cerrará el 31 de diciembre del año en que rigió y servirá como base para su liquidación.

Con posterioridad a esa fecha, los recursos recaudados se consideran como ejecución presupuestaria vigente, cualquiera que haya sido la fecha de obligación de pago o liquidación y no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra.

También, con base al artículo 262 de las disposiciones generales del presupuesto 2023, se autoriza a la Sefin a que utilice los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias de diversa índole que quedan al final del ejercicio fiscal, a fin de efectuar las ampliaciones o creaciones presupuestarias que fueren necesarias.

La utilización de recursos se pueden destinar para el financiamiento de programas de reactivación económica, generación de empleo, protección social, pago de servicio de deuda, medios de transporte y cualquier otro gasto ineludible y necesario, con la finalidad de que no queden compromisos pendientes de ejecutar.

EL HERALDO Plus le consultó a Ochoa si esos 663.3 millones sobrantes serían destinados exclusivamente para temas relacionados con la seguridad nacional, pero no respondió el mensaje.

Para el año 2024, hasta el 30 de abril, la distribución de los ingresos seguían priorizando a la Secretaría de Seguridad con 1,288.9 millones asignados, y a la Secretaría de la Presidencia 214.6 millones, según los reportes.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), analizó que la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Presidencia, son las que se llevan la mayor cantidad de dinero recaudado por la Tasa de Seguridad.

En el caso de la Secretaría de la Presidencia, se justificó que el dinero está destinado para el 911, pero al ser manejado por esta institución, al 911 se le dificulta la ejecución presupuestaria y se evidencia en las muchas carencias que tiene, dijo el experto.

“Muchos hemos sido testigos de las carencias, como usted lo ha visto, hemos tenido cámaras desactivadas por más de un año, lo anterior porque desde el gobierno anterior aparentemente el contrato estaba viciado y por falta de recursos no pudieron buscar alternativas para reactivar estos dispositivos”, analizó.

Hasta ahora ellos comentan que están recuperando las cámaras, en especial en San Pedro Sula, pero todavía no han podido lograr del todo, señaló.

Castañeda compartió que ve una Secretaría de Seguridad bastante beneficiada con la Tasa de Seguridad, pero son muy pocos equitativos con el Poder Judicial, pese a que existe una baja cantidad de jueces, ya que rondan los ocho o nueve por cada cien mil habitantes. Dijo que tampoco se ve al MP dentro de esa distribución.

En la distribución presupuestaria sí aparece la Secretaría de Derechos Humanos, pero no se incluye al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), o el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), que deberían estar siendo beneficiados con estos recursos, resaltó.

Condenó que la Secretaría de Derechos Humanos no ejecutó ni el 50% de los recursos vigentes, cuando debería estar haciendo un trabajo más beligerante o esos mismos recursos podrían servir al Conadeh y al Conaprev.

La Secretaría de la Mujer ejecutó alrededor de 18 millones de lempiras en 2023, pero con pocos resultados porque Honduras es catalogado como uno de los países más violentos y peligrosos para las mujeres a nivel mundial.

“Esa es la distribución, hay que analizar si hay que readecuarla, que eso es lo que muchas instancias de organización de sociedad civil hemos manifestado, porque es una tasa que no son fondos del Estado, sino recursos captados de un fondo adicional que está dando la población hondureña al impuesto que ya pagamos”, sugirió Castañeda.

Debido a los antecedentes oscuros de corrupción que rodean a la Tasa de Seguridad, debe mejorar la rendición de cuentas y ver si los recursos se están invirtiendo de la mejor manera y que se reduzcan los índices de impunidad en el país, puntualizó el experto.

La directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), Migdonia Ayestas, consideró que los fondos de la Tasa de Seguridad deben redistribuirse para fortalecer el Ministerio Público (MP) e invertir más en prevención de la violencia.

Para la especialista en indicadores de violencia, es necesario fortalecer la Dirección General de Medicina Forense (DGMF), en especial en el área psicosocial, así como en recursos humanos; además en el Poder Judicial se debe fortalecer la Defensa Pública.

La reducción de homicidios es evidente: en 2013 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 79, pero al cierre de 2023 fue de 34.02 y al 31 de mayo de 2024 era de 10.9, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad.

Ante esto, Ayestas reflexionó que a pesar de la caída en más del 50% de la tasa de homicidios, Honduras todavía está muy lejos del estándar que establece la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que es 8.8 por cada cien mil habitantes.

Pero hay otros delitos de delincuencia común que afectan a la población en general, así como la extorsión, el narcotráfico y la violencia contra las mujeres, que son un grave problema, a pesar de lo que hace la Secretaría de Seguridad, dijo.

Ayestas también consideró que es importante avanzar en temas de prevención de la violencia, porque generalmente todos esos fondos van destinados a trabajar el control y la disuasión del delito, ya que por eso se compran las armas, logística y recursos humanos que tiene que ver solo con control, pero muy poco se avanza en el tema de prevención.

“La Tasa de Seguridad se vuelve un problema cuando no es transparente y no nos dicen en qué gastan los recursos, porque es un impuesto más, ya que hasta por tener un ahorro en el banco le cobran a la ciudadanía”, expresó.