Velo de corrupción en contratos fraccionados y retrasos de obras en la Unag

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El incumplimiento de la empresa T. Olivera, a quien Wilmer Reyes, rector de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), le firmó dos contratos de construcción por un monto de 9.9 millones de lempiras, muestra lo turbio alrededor del fraccionamiento de obras de construcción, así como los intereses de una comisionada universitaria para favorecer a la constructora.

En la medida que hechos polémicos en este centro de estudios se hacen públicos, los responsables de contrataciones y compras, lejos de asumir sus responsabilidades, guardan silencio y algunos se acusan entre ellos; por otro extremo, las autoridades mantienen la deshonestidad y sin el menor temor evidencian sus componendas con los contratistas.

Entre el 2020 y 2021, Reyes firmó nueve contratos de construcción por un monto de 33,971,915 lempiras. Las autoridades universitarias se ampararon en un PCM vinculado al desarrollo agrícola, que no abarca a la universidad porque esta es una entidad del área de educación, que no produce ni lo que ahí se consume, evadiendo la Ley de Contratación del Estado.

A la constructora Lempira, Reyes le firmó cuatro contratos por 15,321,317 lempiras; de estos solo uno de 8.038,887.21 se otorgó bajo licitación. Esta compañía cumplió con sus responsabilidades.

La compañía Myn, a la cual Reyes le autorizó tres contratos por un valor de 8,735,568 lempiras, ha venido pidiendo ampliaciones de la fecha de entrega de las obras y actualmente está trabajando en ellas.

A T. Olivera, Reyes le firmó dos contratos por una cantidad de 9,915,028.94 y, a pesar que se le han dado varias ampliaciones de plazo, tiene abandonadas las obras, que consisten en la construcción de plaza, pórtico de entrada principal, construcción de quioscos de bioseguridad y remodelación de laboratorio de microbiología, por un costo de 4,945,661.96 lempiras.

Asimismo, en un segundo contrato por un monto de 4,969,366.98 tiene la responsabilidad de construir una cubierta de cancha, impermeabilización de tres losas, la construcción de anexo de bodega y módulo de baño atrás del escenario de la cancha, construcción de anexo de cocineta y modelo de baño al edificio (aula de investigación).

Sobre estas construcciones, Reyes dijo desconocer la situación y recomendó que si hay información de ese tipo de cuestiones sería algo grave y hay que interponer las denuncias ante los entes contralores.

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Para la adjudicación de obras de construcción, la Unag tiene una Secretaría de Administración de Proyectos de Infraestructura (Seapi), bajo el cargo del ingeniero Norman Roberto Montes Ramos, quien es el que elabora los planos, los presupuestos y las especificaciones de las bases.

No obstante, es la gerencia administrativa la que llama a licitación, o consigue las cotizaciones cuando se trata de contratación directa, pero estas también son conocidas por Montes porque él está en todo el proceso, ya que además es miembro de la comisión de evaluación y, como tal, incluso puede recomendar a una compañía.

Asimismo, en los contratos otorgados a las constructoras, Montes igualmente aparece como el encargado de supervisar las obras. El 11 de julio, Montes compareció ante la Comisión de Concurso y Acompañamiento de la Unag y respondió a preguntas realizadas por los comisionados Óscar Ovidio Redondo y Keysi Peralta sobre las obras de proyectos entregados a la empresa T. Olivera.

Montes expuso que esta constructora debió haber entregado las obras de la etapa 1 el 11 de octubre de 2021; y las de la etapa 2 el 12 de enero de 2022, pero como se le amplió el plazo entonces la fecha límite era el 13 de junio de 2022.

Además, ofreció un informe cronológico, pero como antes ya había entregado al rector un dictamen técnico donde sugirió rescindir el contrato a T. Olivera, entonces también se opuso a una ampliación de tiempo, y en todo caso, manifestó que esto depende del departamento legal.

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A raíz de eso, según la nota SEAPI-185-2022 enviada por Montes a Odir Fernández, presidente de la Comisión de Concurso y Acompañamiento, ese mismo día 11 de julio de 2022 a las 2:19 PM recibió a través de la aplicación de WhatsApp un mensaje proveniente del teléfono 3206-8975 que decía textualmente: “Buenas tardes, usted vino a mentirle a la comisión donde depende de una resolución de asesoría legal y administración, me arregla esa ampliación mañana, es tarde no quiero someter a investigaciones profundas el caso”.

En la nota, Montes le dice a Fernández desconocer si el número de celular de donde le llegó el mensaje le pertenece a un miembro de la comisión de concurso y acompañamiento y que “la Seapi ratifica el dictamen técnico presentado, cualquier acción fuera de la ley solicitaremos que los entes investigadores como la PGR y el TSC sean veedores del proceso”.

En otra nota, número SEAPI 187-2022 de fecha 15 de julio, Montes también le manifestó a Peralta que ya informó a Fernández sobre el mensaje que le llegó, donde le quieren persuadir para cambiar un dictamen técnico presentado por el equipo Seapi de un proyecto que se está ejecutando.

“El jueves 14 de julio del año 2022 recibo una llamada del mismo número, mi sorpresa es mayor porque quien se identifica es usted, comisionada Peralta, me pregunta ¿cuál es nuestra decisión?

Si se le dará (ampliación de tres meses), al contestarle que el dictamen se mantiene, me manifiesta de forma desafiante y autoritaria que seré destituido de mi cargo, viendo esto como un abuso de autoridad de su parte. Me siento atropellado en mis derechos como funcionario tratando de crear una intimidación directa hacia mi persona”, dice la comunicación.

Para corroborar estos hechos, EL HERALDO contactó a Montes, quien confirmó el mensaje proveniente del teléfono de Keysi Peralta, así como las notas antes mencionadas. Aseguró desconocer los intereses o compromisos que ella tiene con T. Olivera.

Igualmente, el titular de la Seapi dijo no saber por qué se fraccionó la contratación amparándose en un PCM que no abarca a la universidad, y negó que él tenga que ver con la entrega de contratos o favorecer a una empresa que no tiene los recursos financieros para cumplir con sus obligaciones.

Sin mencionar nombres de los responsables, Montes señaló a la Gerencia Administrativa, a Proveeduría y al departamento legal como responsables de contratar a T. Olivera, asegurando que estas contrataciones tienen tres componentes: técnico financiero y legal.

“Como Seapi solo entregamos la información del proyecto, lo que es el presupuesto, especificaciones y lo que son los planos; ya el proceso de adjudicación quien lo lleva es la gerencia administrativa y proveeduría”. A la Seapi otra actividad que le corresponde es la supervisión, manifestó.

Montes también negó que le haya recomendado a la empresa T. Olivera que le vendiera el contrato a otra constructora. “Lo que hemos hablado con la empresa oficialmente es que buscara la forma, pero no hay algo escrito que se diga eso puntualmente”.Recordó que en mayo reciente le hizo saber al rector sobre los problemas que mostraba T. Olivera y le pidió acompañamiento administrativo y legal para buscarle una salida.

Como por experiencia vio que la empresa no iba a cumplir con el plazo otorgado, entonces “hemos mandado un dictamen al señor rector donde se le sugiere que se le rescinda el contrato y que se haga todo el trámite administrativo y legal que corresponde, respetando los derechos a la empresa, pero sobre todo cuidando los intereses de la universidad”.

Por otro lado, sobre el interés que tiene para exigir bajo amenazas una ampliación de tiempo para T.Olivera, Peralta sostuvo que “yo no tengo ningún compromiso con ninguna de las dos empresas, perdón, con la empresa Olivera, yo solo quiero evitar como comisionada una demanda a futuro; la universidad tiene muchas demandas”.

Acusó a Montes, como encargado de la Seapi, de ser responsable “de la contratación de estos portones de enfrente (de la Unag) que son una estafa también”.

Acerca de su interés por favorecer a una empresa de maletín, ya que T. Olivera no tiene oficinas, Peralta sostuvo que eso tuvieron que haberlo estudiado ellos (la Seapi) al momento de la contratación, “a estas alturas yo no me doy cuenta, simplemente estoy pidiendo la ampliación”.

“Yo lo llamé para poder arreglar el problema este, de esa empresa y él fue a mentirle a la comisión diciendo que de él no dependía una ampliación de esa empresa y emitió un dictamen a administración y asesoría legal donde él pide que se le cancele la ampliación a esta empresa, entonces yo le dije así como usted cancela también puede arreglar este problema, estoy queriendo arreglar un problema que es de ellos, este problema no es mío. Ustedes saben toda la corrupción que hay dentro de la universidad, por Dios”.

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Los comisionados Mildre Eleazar Turcios, Keysi Peralta, Óscar Ovidio Redondo y Juan Ramón Miralda fueron electos por la comisión de Educación del Congreso Nacional que preside el diputado Edgardo Casaña, mencionado en la Lista Engel por corrupción.

Peralta y Turcios tienen demandada a la Unag, el exrector Redondo está a la espera de sentencia por acusación de la fiscalía, y Miralda tuvo negocios con la universidad. Durante la rectoría de Redondo, a los estudiantes internos los tenían en condiciones inhumanas.