TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ratificación del interinato de Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente, se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibirse ante la Sala Constitucional un recurso de amparo.
El escrito fue interpuesto por los abogados German Licona y Fernando Gonzáles, quienes conforman el Frente Democrático por la Defensa de la Constitución.
Los profesionales explicaron que buscan revertir el proceso seguido por la Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN), organismo integrado por nueve diputados que eligió el pasado martes a los titulares del Ministerio Público (MP) de forma interina en una decisión salpicada de polémica e irregularidades.
EL HERALDO conoció que otro recurso fue presentado anoche, uno de inconstitucionalidad, por parte del abogado Leonel Núñez.
El recurso del Frente Democrático por la Defensa de la Constitución ahora deberá ser admitido o no; en caso de ser admitido debe ser resuelto por cinco magistrados de la Sala: dos afines a Libertad y Refundación (Libre), dos del Partido Nacional (PN) y uno del Partido Liberal (PL). Además, la Sala es presidida por Sonia Dubón, esposa del asesor de gobierno, Enrique Flores Lanza.
Gonzáles explicó a EL HERALDO los fundamentos del escrito y la resolución que buscan por parte de la Sala Constitucional o del Pleno de Magistrados de la CSJ, en caso que pase a segunda instancia.
“El recurso es en contra de la resolución que le da vida al nombramiento del fiscal general y adjunto y que se publicó en La Gaceta, hay un atropello al 208 numeral 11 donde se dice que el Ministerio Público estaba acéfalo y no es así porque había un fiscal pro tempore hasta que se eligiera a las autoridades”, indicó.
Textualmente, el artículo (208, numeral 11) da la potestad a la Comisión Permanente de “elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”.
Justamente, varios analistas se suman a los criterios del Frente Democrático. “Solo procede en caso de una ausencia absoluta de autoridades en una institución, no es el caso de lo que sucede en el Ministerio Público. Ahí hay una autoridad que el fiscal general adjunto que en (con) base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo él debe continuar en sus funciones”, dijo el asesor legal de la Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), Kenneth Madrid.
Fuera de ley
El oficialismo recurrió a este movimiento luego que no lograra reunir los 86 votos necesarios para nombrar a los titulares del MP. Hizo cuatro intentos (los últimos tres en la sesión del 31 de agosto), pero solo sumó 52 votos a favor. Después, Luis Redondo, presidente del CN, se negó a convocar a sesión, por lo que el Poder Legislativo estuvo paralizado dos meses.
Ante la presión y el tiempo que se agotaba, pues iba a vencer el período de sesiones ordinarias, se nombró una Comisión Permanente, cuya primera acción fue nombrar de manera interina a los fiscales.
En ese sentido, Gonzáles consideró que Libre “metió un gol con el nombramiento de estos abogados y hay que aclarar que no tenemos nada en contra de ellos”.
A su vez, el profesional del derecho externó que la Sala Constitucional tendrá una de sus primeras pruebas de fuego desde que se conformó en febrero pasado, “para determinar la legalidad o no del nombramiento o no del fiscal general y adjunto de una manera consecuente al mal manejo de la comisión permanente”.
Al mismo tiempo, agregó que “el interinato no está dentro de la ley porque desconoce el artículo 80 del Poder Legislativo y se llevan de frente al Ministerio Público; la Sala de lo Constitucional va a jugar un papel fundamental”.
El artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que, cuando no se han elegido los sustitutos de los funcionarios electos por el Congreso, aunque ya hayan terminado sus periodos, deberán permanecer hasta que el parlamento determine a través de una elección en segundo grado a los nuevos.
Gonzáles consideró que Libre actuó mal en el Congreso, al no pensar a futuro, ya que Daniel Sibrián, quien ejercía la titularidad del MP ante la ausencia de Óscar Chinchilla (exfiscal general), interpuso su renuncia ante el Congreso en septiembre, pero la Junta Directiva ni siquiera le dio trámite. “Debieron aceptar su renuncia y ahí sí queda acéfalo el Ministerio Público, tuvieron que abrir la correspondencia en ese momento”.
La ley no establece cuánto debería durar el interinato de Johel Zelaya y Mario Morazán, por lo que diversos sectores temen que finalmente se queden en el puesto con tan solo 9 votos y no 86, como lo establece la Constitución de la República.
Postura
El viernes, el fiscal general ungido por el oficialismo brindó su primera conferencia de prensa de manera pública y afirmó que no protegerá a nadie.
“Los requerimientos van a tener el mismo impacto legal, no hay manera de pensar diferente y si bien es cierto por ahora soy el fiscal general interino, tengo la investidura de ley necesaria para perseguir el delito”, sostuvo.
Contrario a lo denunciado por el Partido Nacional, Zelaya aseguró que “no se viene a hacer persecución selectiva ya que se ha hablado muchas groserías en las redes sociales, pero entiendo, no me conocen, así que vengo acá a perseguir el delito donde sea que se encuentre”.
Zelaya inició sus labores como titular interino del MP la mañana del 2 de noviembre y desde ese momento ha sostenido reuniones con las diversas Fiscalías, además de conocer lo heredado en su oficina por su antecesor Óscar Fernando Chinchilla.
“Leía en una red social que hay 80 requerimientos para supuestos diputados y es falso, ahora no tenemos esa información ya que estamos teniendo otra reunión para ver los temas, pero estamos tratando todos los casos por igual”, acotó en relación a las declaraciones de un diputado de Libre que afirmó sobre la existencia de esa cantidad de requerimientos.
En relación a ser el favorito de Libre para el puesto, Zelaya adujo que “si en algún requerimiento fiscal aparece algún político de cualquier color político no vamos a permitir llamadas para detenerlo, es necesario hacer justicia”.
Para concluir, el abogado se refirió a la denuncia presentada en septiembre por Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en contra de un grupo de empresarios que supuestamente se benefició de forma irregular de exoneraciones.
“Se les va a dar trámite y vamos a llegar al fondo de esas denuncias, si alguien cometió un delito lo que le pido es que se toque la conciencia ya que tiene que pagar”, sostuvo.
