TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) envió ayer sus observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de Ley de Protección a los Usuarios de Telecomunicaciones al Congreso Nacional, donde expresa preocupación por vacíos en la redacción que atentarían contra la seguridad de los usuarios.
En el documento, que consta de 25 páginas, el Cohep señaló que históricamente se ha comprobado que crear una base de datos de los usuarios de telecomunicaciones no resolverá la inseguridad que existe en el país.
El sector privado manifestó preocupación por el impacto económico que tendrá la creación, manejo y resguardo de la Base de Datos Nacional de Usuarios de Telefonía, que estará a cargo del Registro Nacional de las Personas (RNP).
La ley obliga a las compañías de telefonía a realizar ajustes técnicos y administrativos para crear una base de datos de sus usuarios, mismo que serán trasladados a la base del RNP.
El consejo de expertos determinó que esto tendría efectos negativos para los usuarios, ya que realizar estas adecuaciones elevaría el costo de las operaciones para las empresas de telefonía, que al final trasladarán ese incremento al consumidor.
Para el caso, señaló que en Australia mantener el sistema de registro de usuarios de SIM tiene un costo de $10 millones al año, mientras que en Paquistán llevar a cabo el registro biométrico de usuarios, como el que exige el artículo 7 de este proyecto, le costó $24 millones a la industria de telecomunicaciones.
La legislación deja la libertad a Conatel, INM y RNP de solicitar más información y procesos para la base de datos, creando en el futuro nuevas reglas sin que pasen por el proceso legislativo del Congreso Nacional.
Este artículo también dice que dichas instituciones deberán crear protocolos de interoperabilidad y que deben suscribir convenios con operadores y suboperadores, en los que se establecerá una tasa de pago por las consultas que realicen para verificar los datos de los usuarios.
Al respecto, el Cohep dijo que rechaza este punto, ya que “no hay razón de trasladar este costo a los operadores” cuando existe una “Tasa de Seguridad Poblacional que se cobra diariamente a las empresas y ciudadanos”.
