Más de 200 personas LGTBI asesinadas en los últimos seis años en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 28 de junio es un día de dolor y orgullo para la población gay en Honduras.

¿Cómo pueden combinarse dos emociones tan encontradas en una misma fecha? La respuesta está en Vicky Hernández, una sampedrana que fue asesinada el 28 de junio de 2009, el mismo día cuando fue derrocado mediante un golpe de Estado el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

En esa fecha, Vicky, de 26 años, salió por la noche a sus labores habituales como trabajadora sexual sin saber que había toque de queda decretado por el Congreso Nacional tras la expulsión de Zelaya.

Ya para las mujeres dedicarse a esa actividad significa un alto riesgo, pero para las personas transexuales es una ocupación de vida o muerte. Así fue el caso de Vicky. Esa noche fue arrestada por policías junto a otras compañeras.

Ellas -supuestamente- se fugaron, pero al día siguiente fue hallada muerta con heridas de bala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sostuvo que “existían indicios de participación de agentes estatales”.

Desde entonces, desde las plataformas Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual (LGBTI) han tratado que cada muerte no quede en el olvido, porque la impunidad es la constante y no la regla.

Según registros de la Red Lésbica Cattrachas, un total de 226 personas LGBTI han fallecido de forma violenta entre 2017 y lo que va de 2023.

Por la muerte de Vicky ha quedado un precedente. Tal y como lo señala la CIDH y se corroboró para este trabajo, las autoridades forenses se resistieron a realizarle la autopsia al cuerpo de la víctima bajo la excusa que “tenía VIH”.

Lo mismo ocurrió con la investigación: pocos avances. Era una persona “diferente y sin derechos”.

Tiempo después, las autoridades aseguraron que a Vicky sí se le había realizado la autopsia, aunque nunca se encontró registro alguno de los procedimientos forenses. Del homicidio de la víctima solo se sabe que su cuerpo presentaba perforaciones de bala.

Reportes del mismo observatorio de muertes violentas de Cattrachas indican que apenas entre el 20% y 25% de los homicidios de personas LGTBI se judicializan.

Y menos del 10% alcanzó una sentencia condenatoria. El resto de casos sigue impune.

Así ha pasado con el crimen de Vicky: a 14 años de su homicidio no hay ninguna captura.

Ante ello, el Estado hondureño “es responsable por el retardo injustificado en la investigación de este crimen”, se aseguró en la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, con señalamientos de “discriminación en el acceso a la justicia” debido a la identidad de género de la víctima.

En junio de 2021, se emitió la resolución que condenó a Honduras por el crimen y culpó al Estado por la “violación del derecho a la vida y la integridad de Vicky, y en especial, contra las mujeres trans trabajadoras sexuales”, mientras que en mayo de 2022 la presidenta Xiomara Castro reconoció la sentencia emitida por la Corte.

“Reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que habrían llevado a su muerte, ocurrida el 28 de junio de 2009 al encontrar que la violencia ejercida en su contra fue en razón de su expresión e identidad de género”, manifestó la mandataria.

Castro prometió acciones para promover y continuar con las investigaciones, así como la promoción de una beca de estudios para Argelia Johana Hernández -sobrina de Vicky-, el desarrollo de un documental audiviosual sobre la situación de violencia que enfrenta la comunidad LGTBI y las mujeres trans, y se otorgará la beca educativa “Vicky Hernández” para que las mujeres trans puedan estudiar.

El sociólogo Luis Velásquez analizó que la población suele ver de menos a los crímenes contra las personas de estos colectivos, una causa de peso para que la mayor parte de los homicidios quedan impunes.

Según Velásquez, la mayor parte de víctimas son de escasos ingresos, además que cargan con prejuicios y rechazo de la sociedad por su identidad de género -en el caso de las personas transexuales- y por su orientación sexual -gays, bisexuales y lesbianas-.

La pobreza y la discriminación por las orientaciones sexuales fuera de la norma social aceptada son dos factores decisivos para explicar la cantidad de muertes violentas LGTBI en niveles alarmantes.

En el último Examen Periódico Universal (EPU) -un mecanismo de Naciones Unidas para evaluar el avance en materia de derechos humanos de los estados-, correspondiente a noviembre de 2020, se recomendó tomar medidas concretas para eliminar la discriminación por orientación sexual, recopilar información sobre violencia contra la población LGTBI y garantizar investigaciones rápidas sobre asesinatos y crímenes de odio (de la recomendación 104.30 a la 104.35).

Aunque a nivel mundial hay mayor libertad y avance en derechos humanos para la población lésbico, gay y trans, en Honduras la marcha es casi nula. Al menos así lo consideran desde los diferentes colectivos, quienes invitan a cuidar desde el lenguaje.

“Cuando líderes políticos o religiosos ante un medio de comunicación lanzan discursos relacionados con que Dios hizo al hombre y a la mujer, y que la comunidad LGTBI es enemigo de la sociedad están llamando a que nos asesinen”, dijo Rihanna Ferrera, activista y promotora de los derechos de la diversidad sexual.

Los discursos de odio pueden ser la semilla de tantos crímenes, así que recomendó al gobierno actuar de una manera empática a las necesidades de la sociedad.

También invitó a los medios de comunicación a convertirse en actores para combatir el odio hacia personas de la comunidad. Desde las plataformas se pueden generar cambios sociales positivos al compartir historias de vida en documentales, cortometrajes o series acerca de personas de la comunidad y su proceso de superación en un país donde existe bastante homofobia y transfobia, consideró.

“Hay tanto mensaje de odio por una noticia mal dada en algunos medios de comunicación y con esto se generan violencia y asesinatos -reflexionó-, se convierten en actores de tercera categoría por no informar cómo se debe”.

Pese a que el caso de Vicky Hernández deja una luz de avance para los colectivos de la diversidad sexual, la oscuridad es mayor, a juzgar por las cifras.

Los asesinatos no cesan, con 2019 (41 homicidios) y 2021 (45) a la cabeza en los últimos años. Más de tres muertes violentas por mes.

El coordinador del observatorio de muertes violentas a personas LGTBI, Nahil Zeron, comentó que los departamentos más violentos para la diversidad sexual a nivel nacional son Francisco Morazán, Cortés y Atlántida.

Los datos reflejan que la mayor cantidad de muertes violentas se cometen contra los homosexuales (59%), seguido de las personas trans (29%) y en tercer lugar las lesbianas (10%).

Sin embargo, aunque el grupo de los homosexuales lidera la escala de víctimas de crímenes, la mayor fuerza de la violencia recae sobre las mujeres trans ya que en muchos casos son asesinadas en las calles y con arma de fuego.

“Muchas de nosotras hemos tenido esa experiencia espantosa de querer ser asesinadas y que hemos logrado huir y evitar esas muertes”, relataba Rihanna recordando su historia de cómo había tenido un accidente en una motocicleta mientras iba con su expareja debido a que los iban persiguiendo para atentar contra su vida durante un período de campañas políticas.

Rihanna consideró que los atrasos de Honduras se deben a la carencia de políticas públicas a favor de la comunidad LGTBI, en contraste con lo que ocurre con el resto de Centroamérica.

“Si no hay un marco normativo, armonizado a estándares internacionales, Honduras continuará siendo lo mismo... si la impunidad no baja, si detenemos a las personas y las condenamos, pero no exhibimos que la persona que asesinó a un miembro de la diversidad sexual fue detenida, porque la vida de alguien LGTBI también importa, nunca se parará la violencia”, recalcó.

El presente trabajo fue realizado por los estudiantes de la carrera de Periodismo de Ceutec: Vielka Ruiz, Cristhian Salinas y Katherine Amador. Fue editado y ampliado por EL HERALDO para su publicación.