Frente a espiral de violencia, sociedad exige “mano dura”: Honduras vivió la semana más sangrienta

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un total de 31 muerte violentas en la zona norte y 25 en Tegucigalpa, registradas solamente el fin de semana recién pasado, son parte de una escalada de violencia que se reavivó en Honduras hace ocho días, evidenciando como las autoridades gubernamentales han perdido el control de la seguridad ciudadana.

De acuerdo con los datos del Sistema Estadístico Policial (Sepol) en los últimos años, los homicidios han venido en reducción, sin embargo, eso todavía no es perceptible en la población que cada día está a expensas de los delincuentes y criminales.

Según estas estadísticas, en el año 2021 se registraron en el país 3,941 homicidios y asesinatos, y en el 2022 la cifra se redujo a 3,651.

Si las cantidades de muertos se evalúan por periodos más cortos, en el primer semestre del 2022 los homicidios sumaron 1,895 y para el mismo tiempo en 2023 la cantidad alcanza los 1,545 homicidios.

Según el análisis de la Unidad de Dados de EL HERALDO, la semana más violenta-de los últimos cinco años y seis meses- que han vivido los hondureños desde el 2018 es la semana 25 (del 18 al 24 de junio) del 2023.

En esa semana se registraron 139 homicidios.

Le sigue la semana 52 del 2020 con 133 homicidios y luego la semana 26 del año 2021 con 134 muertes.

En promedio, durante el 2023 se registran 10 muertes violentas por día.

Y es que la espiral de violencia se reactivó, brutalmente, desde el martes pasado cuando 46 reclusas perecieron en una matanza en la cárcel de mujeres, ubicadas en Támara Francisco Morazán.

Luego, la tarde del viernes 23 de junio se registró en San Pedro Sula el asesinato de Erika Julissa Bandy, esposa del narcotraficante Magdaleno Meza, también acribillado el 26 de octubre de 2019. Junto a ella perecieron sus dos escoltas.

El sábado 24 de junio, 13 personas fueron masacradas en un billar, ubicado en Choloma, Cortés. Ese mismo día, en una residencial de este mismo municipio, una mujer y su bebe de aproximadamente dos meses de nacido también fueron ultimados a balazos.

La extrema violencia se traslado al Distrito Central donde la noche de este domingo, tres personas, entre ellas un niño de cinco años de edad, fueron masacrados en una calle de la colonia Villanueva, situada al oriente de la capital.

El estado de excepción que, desde hace seis meses, el Poder Ejecutivo impuso en aquellos lugares mas violentos de Honduras no ha funcionado ya que esto no fue acompañado de una verdadera estrategia contra la criminalidad y delincuencia.

El resultado de las fallidas medidas es porque detrás de ellas no hay una verdadera voluntad política, a tal extremo que el dinero para las operaciones policiales llega a cuentagotas, criticaron algunos conocedores del tema.

La sociedad hondureña demanda de la Policía y de los militares resultados reales, no ficticios, donde se pongan armas y artefactos explosivos que no son propios de los operativos y que solo tienen como fin hacerle creer a la población que hay logros reales, cuando realmente no existen. Una práctica denunciada por los mismos agentes del orden.

Los hondureños viven diariamente asustados por la forma en que las autoridades dejaron crecer la delincuencia y la criminalidad, que ahora tiene hasta tentáculos en las instituciones operadoras de justicia, así como en la clase política de Honduras, pero el vil asesinato de niños indefensos desborda la degradación de los valores.

En las últimas horas se han presentado escenarios de violencia condenables que han dejado como saldo la muerte de mujeres, jóvenes y niños, consecuencia del clima de inseguridad que se vive en el país, sostuvo Blanca Izaguirre, titular del Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)

Ella exigió a las autoridades encargadas de la seguridad investigar los hechos de manera objetiva y efectiva hasta identificar a los culpables y ponerlos a la orden de los tribunales para su juzgamiento y evitar que continúe la impunidad.

Advirtió del peligro que enfrentan a diario los niños y los jóvenes, desprotegidos por el Estado, de caer en las “garras” del crimen organizado, de las maras y del narcotráfico. El Estado hondureño debe priorizar, en la agenda de país, el interés superior del niño; uno de los sectores más afectados por la violencia que en los últimos trece años dijo la funcionaria.

Según los datos del Conadeh, entre el 2010 y 2022 alrededor de 4,200 niños y niñas murieron en circunstancias violentas.

Únicamente el año pasado, 79 municipios del país fueron escenario de la muerte violenta de unas 160 niñas y niños; quienes perdieron la vida, en la mayoría de los casos, en la vía pública y, en menor porcentaje, en su vivienda o en un vehículo,

De acuerdo con Oswaldo Martínez, pastor de la iglesia Oswaldo Martínez, de la iglesia Josué 1-9, actualmente en el país se viven tiempos difíciles. “La biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que sucede es parte de eso”, reflexionó.

“Nosotros, los padres, hemos descuidado a nuestros hijos pequeños y los hemos dejado bajo la influencia del ambiente. Ahora con eso de las redes sociales se ve al padre por un lado concentrado en su celular, por otro la mamá con otro teléfono, y en otro sitios los niños con otro aparato, hemos perdido el rol de padres”, meditó.

Martínez está convencido que la principal formación de valores en el ser humano comienza en la niñez, en el hogar, bajo la influencia de sus progenitores, luego está la escuela donde se refuerzan; igual están las iglesias apoyando en la formación espiritual fortaleciendo los principios sobre el respeto. En cuarto lugar, está el gobierno con las políticas de protección, explicó.

La Conferencia Episcopal de Honduras también se pronunció: “La espiral de violencia que estamos sufriendo es el resultado de años de injusticia, de corrupción sistemática y de la indiferencia con la que se han visto las raíces del problema”.

“La violencia recrudece la pobreza extrema y anula las esperanzas de encontrar una solución duradera. Es una realidad que nos afecta a todos, por ello, nadie debe quedarse indiferente”, aseguraron desde el organismo religioso.

“Cada familia y cada ciudadano necesitan y, más aún, tienen derecho a vivir en paz, asumiendo los propios deberes y compromisos en la sociedad, contribuyendo así al bienestar y progreso del país, en una clima de verdadero estado de derecho, sustentado en la procura del bien común. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos”, dijo la representación de la Iglesia Católica.

Para el abogado y criminalista Gonzalo Sánchez el desborde de los homicidios muestra que hay una situación que se le ha escapado de las manos al gobierno, problema que para evitar su ascenso debe ser tratado con mano dura.

La crisis de inseguridad “es grave. Para combatir al crimen organizado y sus estructuras hay que formar un frente común. En primera línea la Policía y las Fuerzas Armadas, pero de verdad. No es cuestión de solo hablar y hablar. Un frente común donde se luche tipo (Nayib) Bukele -presidente de El Salvador- porque de lo contrario no la van a controlar, se requiere de mano dura”.

“Todo mundo pide mano dura contra los delincuentes y criminales, porque si nos ponemos que los derechos humanos, no va a quedar ningún hondureño en el país, nos va a matar a todos. Al paso que vamos matando niños, un recién nacido, mujeres, masacres... Ya es tiempo que el Estado diga hasta aquí no más, se les terminó la fiesta”, demandó Sánchez.

Explicó que aquí hay temor a lo que digan los derechos Humanos. Él respeta los derechos humanos por la misión que realizan, pero muchas veces han sido un obstáculo para que la Policía ejecute su verdadera función, afirmó.

Igual que otros expertos en seguridad, Sánchez también es del criterio que la medida del estado de excepción es hasta cierto punto nada más disuasivo. “Mire que continúan las masacres, los problemas en los centros penitenciarios, ¿qué nos da a entender eso? Que la delincuencia organizada no está respetando a nadie, no está respetando a los policías, al gobierno”.

Sánchez, por un lado, demandó que las acciones de seguridad, los policías y militares realicen verdaderos patrullajes donde los agentes no estén en las esquinas viendo nada más sus teléfonos móviles y por otro pidió al gobierno que preste todo el apoyo financiero de una forma ágil para la operatividad de entes que están enfrentando cara a cara al crimen organizado.

El gobierno debe entender que la seguridad ciudadana y jurídica es cara y hay que invertir porque nadie va a venir a “invertir a un país donde matan a 46 mujeres de un solo, donde hay 13 muertos en Choloma”,

“¿!Qué extranjero se va a atrever a venir a invertir a Honduras!? ¿!Qué empresario va a querer invertir en un país donde hay extorsión, donde corre peligro hasta la vida de sus hijos, y también su capital!?”, cuestionó el criminalista.

Por su parte el general retirado, Romeo Vásquez, es del criterio que el estado de excepción y la saturación de policías y militares es una respuesta a la lucha contra el crimen, pero como estrategia sostenida no es viable a largo plazo, por lo que se necesita un plan para cuando el estado de sitio termine y los patrullajes se reduzcan.

“Recuerde que en el país hay demasiada impunidad, no hay investigación, no hay inteligencia entonces muchos delincuentes están libres, esa gente ahorita se va a esconder, con la presencia militar y policial. Mientras no los capturen y enjuicien con las pruebas necesarias y vayan presos entonces continuará la violencia y la impunidad”, advirtió.

El exjefe de las Fuerzas Armadas propuso que “hay que quitarle la materia prima de la cual se está nutriendo el crimen organizado, que es la juventud, gente que no trabaja ni estudia y no tienen ninguna oportunidad que están siendo reclutados. Que el Estado los reclute y los lleve a un servicio militar obligatorio, no para ir a usar armas sino para ir una escuelta técnica donde se conviertan en profesionales y mano de obra calificada”.

“Estamos en una guerra contra los criminales y aquí se deben involucrar todos, policías, fiscales, jueces...Se necesitan políticas fuertes para poder capturar, enjuiciar y meter presos a los delincuentes. También se requiere de políticas para controlar las cárceles porque estas se han convertido en puentes de mando de la criminalidad. Al criminal hay que tratarlo con dureza”.